Diario Vasco

Madrid, 18 oct (EFE).- El Congreso de los Diputados ha pedido hoy de nuevo al Gobierno por unanimidad que elimine las tasas judiciales para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y para las entidades sin ánimo de lucro como las ONG en un plazo de tres meses, al considerarlas una traba para el acceso a la Justicia.

La Comisión de Justicia del Congreso ha sacado adelante por segunda vez y por unanimidad la proposición no de ley presentada por el PSOE, el Grupo Mixto y PNV, con lo que solicita una vez más el final de esta medida tal y como ya hiciese el pasado mes de abril durante la anterior legislatura, también con un Ejecutivo en funciones.

Durante la sesión, la mayoría de los grupos han criticado esta medida impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón hace dos legislaturas y la han calificado de "peaje a la Justicia" que no ha servido para su modernización ni ha reportado beneficios para la Justicia Gratuita.

Pero a pesar del consenso, los portavoces parlamentarios han protagonizado pequeñas discrepancias sobre la conveniencia de suprimir tasas a las comunidades de vecinos o a empresas exentas del Impuesto de Sociedades, como ha defendido el PSOE, en contra del criterio de Ciudadanos.

El diputado de Podemos-En Comú Podem-En Marea Jaume Moya ha presentado una enmienda en la que, al igual que hizo la pasada legislatura, solicita la posibilidad de conservar las tasas judiciales para las grandes empresas, que son "los principales usuarios de la Justicia".

Para otros portavoces como la del Grupo Mixto, Lourde Ciuró i Buldó, las tasas judiciales "deberían desaparecer sin excepción, ni siquiera para las grandes empresas" pues "la tutela judicial efectiva debería ser para todo el mundo".

La solución de Ciuró para evitar un uso abusivo y una actuación "temeraria" de la Justicia por parte de algunos agentes pasaría por una repercusión vía costas judiciales y no por una tasa.

Pese a las diferencias, todos los grupos parlamentarios han manifestado su voluntad de que esta medida salga definitivamente adelante después de que el Congreso le haya vuelto a dar "luz verde" seis meses después.