Diario Vasco

Guatemala, 3 may (EFE).- La Contraloría General de Cuentas (CGC) de Guatemala presentará hoy una acción penal contra los exjefes de la institución que participaron en la gestión del contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), involucrada en un caso de corrupción.

Así lo anunció hoy el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, en una comparecencia de prensa tras reunirse con diputados de la formación opositora Unidad Nacional De La Esperanza (UNE), en la que añadió que en este procedimiento también está incluida la excontralora Nora Segura.

La adjudicación a TCQ del proyecto para la ampliación de la terminal de Puerto Quetzal, valorado en 255 millones de dólares, es el eje de la trama de corrupción supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

La denuncia, que será presentada ante el Ministerio Público (MP), implicará a todos los trabajadores de la institución que por "acción u omisión" avalasen la firma de este contrato, explicó Mencos tras el encuentro con los legisladores en las instalaciones del Congreso.

A este mismo propósito y tras haber participado en la reunión se pronunció la jefa de la Procuraduría General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, quien indicó que ya se ha presentado una denuncia penal abierta contra "cualquier" funcionario que haya participado en este proceso.

De esta manera, y tal y como había avanzado, la PGN tratará de procesar a 13 exministros del Gobierno de Otto Pérez Molina y a otro alto cargo de aquel Ejecutivo por avalar el proyecto de ampliación de Puerto Quetzal.

Asimismo, esta denuncia podría incluir a exresponsables de la PGN.

Villagrán adelantó además que está negociando con distintos bufetes internacionales para que apoyen al Estado en el proceso judicial para lograr la nulidad del contrato, un extremo que el mismo presidente del país, Jimmy Morales, le solicitó, mediante oficio, la pasada semana.

A este respecto, la jefa de la PGN se reunió recientemente con representantes del grupo holandés APM Terminals, propietarios en un 85 % de TCQ junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo del Banco Mundial, que tiene un 15 %.

Los representantes de APM reiteraron a Villagrán, según manifestó, su política de "cero corrupción" y mostraron su interés en seguir operando en la infraestructura.