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Cuestionan el pacto fiscal con Argentina por su falta de oportunidad

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Cuestionan el pacto fiscal con Argentina por su falta de oportunidad

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Raúl Cortés
Montevideo, 28 abr (EFE).- El reciente acuerdo tributario sellado con Argentina ayudará a Uruguay a lavar su imagen internacional pero genera temores por el posible impacto negativo que puede tener en la inversión argentina en el país y su falta de oportunidad pues coincide con la polémica expropiación de YPF.
Para el experto Carlos Loaiza, "el acuerdo está bien negociado por Uruguay al incorporar una cláusula para evitar la doble imposición", un punto siempre atractivo para los inversores pero al que Buenos Aires se está resistiendo en sus convenios, como ha sucedido ya con Austria, Chile y Suiza, remarcó.
Otro logro de Montevideo es que el documento "especifica que se tiene que hacer una solicitud expresa" para obtener información del otro país, lo cual ofrece a Uruguay la "posibilidad de denegar el requerimiento", indicó hoy Loaiza a Efe.
El acuerdo "no puede ir más allá de las facultades de la legislación local" y en Uruguay el "levantamiento de secreto bancario obliga a la intervención de un juez" y ofrece "una posibilidad de defensa del contribuyente".
Esto, aunque no le gusta a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), puede frenar una eventual persecución de las autoridades argentinas a los cientos de ciudadanos que tienen inversiones en territorio uruguayo, valoradas en muchos millones de dólares.
Durante años la OCDE ha situado a Uruguay entre los países menos transparentes en materia fiscal pero en los últimos meses ha rebajado sus críticas gracias, entre otras cosas, a que el pequeño país sudamericano ha firmado una veintena de convenios bilaterales como el suscrito esta semana con Argentina.
Según Claudio Mejía, socio director de la firma Compañía Argentina de Tierras, "sin ninguna duda (el acuerdo) va a incidir" en las inversiones, "sobre todo porque siempre se vio desde Argentina a Uruguay como un lugar de refugio de capital".
"Mucho más desde el año 2004 hasta ahora, que ese recurso se volcaba en tierra", por su "buena rentabilidad", agregó esta semana a una radio uruguaya.
Un estudio publicado por el diario uruguayo El Observador señala que durante el último año ingresaron al sistema financiero uruguayo 114,4 millones de dólares, de los cuales el 75 % correspondió a argentinos.
El impacto del convenio bilateral está ligado además al debate parlamentario en Uruguay de una ley de identificación de titulares de acciones, recuerda Loaiza.
En la discusión pública del proyecto de ley el sector privado presionó a las autoridades para frenar la rigidez que la OCDE exige y "que los argentinos pudieran seguir invirtiendo sin que se supiera la identidad de los accionistas" en determinados casos, como en el sector inmobiliario, explica.
A Mejía le llamó la atención que "Uruguay, quizás un poco presionado internacionalmente para salir de esa zona gris, hubiera apremiado y hubiera convenido con Argentina firmar este acuerdo" ahora.
"Argentina está violando tratados y a Uruguay se le exige cumplir con las obligaciones que aceptó bajo la presión internacional", agrega por su parte el experto italiano Pasquale Pistone en una entrevista en El Observador.
Loaiza considera que la coyuntura invitaba a "frenar el reclamo de argentina o proponerle un acuerdo a la suiza", sólo para evitar la doble imposición, pero parece que "hay una voluntad explícita" del presidente de Uruguay, José Mujica, "de apoyar siempre a Argentina".
El analista criticó también el argumento dado por Montevideo para respaldar a Argentina en el caso YPF.
"La defensa de que la expropiación es un acto soberano es dudosa; por un acto soberano también puede ser declarada una guerra, no parece argumentación suficiente", recalca.
Además cree que Mujica espera ahora que Argentina responda excluyendo a Uruguay de las trabas que ha impuesto en los últimos meses a sus importaciones.
"Cualquiera que sepa algo de diplomacia reconocerá que nada va por separado en una agenda diplomática", argumenta.
Otra de las dudas que planean sobre el convenio se refiere al cumplimiento de su carácter no retroactivo, cuestionado por expertos argentinos.
Esos analistas recuerdan que el período para exigir el pago de impuestos a las ganancias y sobre los bienes patrimoniales en su país es de cinco años, por lo cual el fisco argentino podría requerir a Uruguay documentos que indirectamente den cuenta del tiempo que se poseen activos no declarados en Uruguay. EFE
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