Madrid, 6 oct (EFE).- La Policía ha contestado al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que no dispone de un sistema de seguimiento de personas por medios telemáticos, por lo que ha pedido a Instituciones Penitenciarias que aclare si puede asumir la vigilancia del cabecilla de la red, Francisco Correa.
La respuesta de la Policía se produce después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara el pasado 27 de septiembre la fianza de 15 millones de euros impuesta a Correa y sugiriera al magistrado que le dejara en libertad con medidas de control electrónico.
A raíz de esta decisión, Pedreira, a instancias de la Sala, solicitó a la Policía y a la Guardia Civil sendos informes sobre las medidas de vigilancia electrónica que podrían aplicarse al presunto cabecilla de la trama de corrupción.
En el escrito remitido al juez por el comisario jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, al que ha tenido acceso EFE, la Policía asegura que no dispone de un sistema de seguimiento de personas, excepto el utilizado para los casos de violencia machista que, aún en este caso, está gestionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
La Policía recuerda que Correa se encuentra ingresado en prisión preventiva, por lo que depende de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, a la que ha solicitado un informe sobre el caso.
Respecto a este caso, ya el pasado lunes la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, advirtió de que la legislación penitenciaria no contempla la utilización de controles telemáticos para la vigilancia de los reclusos preventivos, como es el caso de Correa.
"No sé ni siquiera si está regulado legalmente", alertó Gallizo, que recordó que hay otros "miles" de presos preventivos para los que no se ha planteado la posibilidad de salir de prisión bajo controles electrónicos.
Además de esa petición de información a Instituciones Penitenciarias, el Cuerpo Nacional de Policía señala al juez Pedreira que también está practicando "gestiones" sobre la cuestión ante la empresa privada de seguridad Securitas, adjudicataria del contrato de servicio de control telemático de personas.
