Euskadi impulsa un protocolo de protección del maltrato a personas mayores

El Gobierno Vasco ha desarrollado un protocolo para detectar y prevenir situaciones de maltrato a personas mayores, un problema "durante décadas oculto" que sufren más de 5.000 personas mayores de 65 años en Euskadi, según un estudio realizado en 2010.

El consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, ha presentado este lunes en comisión parlamentaria el nuevo instrumento que incluye dos cuestionarios con preguntas para detectar posibles situaciones de maltrato, tanto físico como económico, con el que se pueda valorar la gravedad de la situación y ofrecer la respuesta adecuada. El objetivo, ha dicho Aburto, es "conocer la realidad del problema y actuar de manera más adecuada". El protocolo ha sido realizado en colaboración con la asociación vasca de Geriatría y Gerontología Zahartzaroa. Se pondrá a disposición de los profesionales de la salud y de los servicios sociales, que podrán utilizarlo en caso de sospecha o cuando una persona mayor verbalice ser víctima de malos tratos.

¿Y qué son los malos tratos a personas mayores? La falta de una definición consensuada dificulta la detección del problema, reconoce el informe del Gobierno Vasco que considera malos tratos "la acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada que causa daño o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectiva de confianza", la definición que realizó la OMS en 2002. A esta consideración le añade un aspecto adicional. "Los malos tratos pueden ser intencionales y no intencionales, y concretamente, en el caso de los mayores, la mayoría de las situaciones suelen ser de tipo no intencionado. El hecho de que no sean intencionales no significa que sean justificables, ni mucho menos; sin embargo, si se detecta una situación de malos tratos intencionados o no, la intervención deberá ser diferente". Mientras que en una situación intencionada la intervención inicial más adecuada sería a nivel legal, explican en el protocolo, en caso de situaciones no intencionadas, esta no sería la primera respuesta.

El protocolo distingue entre malos tratos físicos y maltrato económico. El primero se refiere a la utilización de la fuerza física o violencia, pero también la omisión de los cuidados y la atención de las necesidades básicas que causa daño, dolor o deterioro físico. Los malos tratos económicos son el mal uso, la apropiación indebida o no autorizada de los recursos económicos o materiales de una persona mayor, perjudicando su situación económica.

En dos partes

El protocolo consta de dos partes. Una de observación, en la que se pretende valorar "la vulnerabilidad de la persona mayor a los malos tratos físicos y/económicos", así como la detección de factores de riesgo. El profesional de referencia de los servicios sociales recogerá los indicios observados que alertan de la existencia del problema con el fin de valorar la gravedad de los mismos, siguiendo un código de colores (azul-riesgo grave; naranja-muy grave; y rojo-intervención urgente). Esta recogida de información facilitará la prevención del problema "pero sin duda habrá casos en los que no podamos llegar a tiempo y se requerirá una intervención eficaz y rápida que minimice las lesiones posibles y proteja los derechos de estas personas".

El documento también recoge una serie de recomendaciones, entre ellas la especialización judicial para situaciones de malos tratos de personas mayores, especialmente las más dependientes, y la colaboración permanente entre servicios sanitarios y sociales.

El departamento contrastará la utilidad del protocolo en una primera fase antes de extender su utilización en toda la red de atención a personas mayores.