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La Justicia vasca se rebela contra los recortes

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La Justicia vasca se rebela contra los recortes

Todos los colectivos afectados hacen piña contra las reformas del Gobierno ante la huelga de hoy

17.02.13 - 11:52 -
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La Justicia vasca se rebela contra los recortes
Borja Llona, Javier García y Fernando Abad

Los recortes presupuestarios del Ministerio de Justicia –este mes ha cesado una decena de sustitutos que cubrían bajas y vacantes en Euskadi– planean sobre la huelga de 24 horas a la que jueces y fiscales están llamados hoy en toda España. Una protesta convocada a través de los colectivos profesionales –Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Francisco de Vitoria y Unión Progresista de Fiscales, entre otros–, pero con dos excepciones significativas. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales, de signo conservador y mayoritarias en sus respectivos ámbitos, se han descolgado del paro porque, si bien coinciden en el fondo de las reivindicaciones –el rechazo frontal a la reformas en la judicatura y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, discrepan de la forma escogida para defenderlas. Cuatro representantes del sector exponen el clima que reina en juzgados y tribunales, donde todos los sectores, incluidos los abogados y los sindicatos, hacen frente común contra la ‘tijera’ del ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

Jaime Segalés Juez titular (JpD)

«Aumentará el retraso de los juzgados»

«Los jueces somos un poder del Estado, lo que nos convierte a la vez en empleadores y empleados. Pero, por otro lado, las reformas menoscaban precisamente la consideración de la Justicia como poder del Estado». Es el razonamiento del Jaime Segalés Fidalgo, magistrado del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao, para secundar la huelga de la judicatura, una movilización sobre la que no se hace ilusiones. Teme incluso que Gallardón «intente rentabilizarla», puesto que «un paro de jueces no genera tanta preocupación como una protesta en sanidad o educación».

Segalés, que ha dictado un auto que suprime las tasas judiciales en un pleito laboral, alerta de que la supresión de jueces sustitutos supondrá un golpe para la Administración de Justicia, ya que no solo cubren bajas de titulares, sino sobre todo «juzgados vacantes». «Estructuralmente –vaticina –, sin sustitutos aumentará la pendencia de los tribunales»; es decir, el retraso expresado como la diferencia entre los asuntos que entran en un año y los que se resuelven en ese periodo.

A corto plazo –continúa–, ya se están produciendo y se producirán suspensiones de señalamientos. El motivo es que los nuevos turnos para atender los juzgados vacíos –jueces titulares que rotarán en esos órganos judiciales varios días al mes– «carecen de la flexibilidad» que ofrecían los sustitutos. «A ellos se les podía llamar de inmediato, mientras que la respuesta a través de los turnos no es tan rápida». El magistrado cree, de todos modos, que Euskadi sufrirá los cambios en menor medida que otras comunidades autónomas porque cuenta con más medios materiales. «Fuera de aquí no tiene nada que ver», resume.

Javier García Pascual Abogado

«No tienen que modular las tasas, sino derogarlas»

«El hecho de que jueces, fiscales y abogados estemos unidos demuestra que las movilizaciones no persiguen intereses corporativos», asegura el letrado Javier García Pascual, presidente del Consejo Vasco de la Abogacía y decano del Colegio de Álava. «Iremos a las concentraciones del miércoles, pero no podemos hacer huelga. El paro no detiene los plazos de los recursos», aclara.

García Pascual reitera que los abogados «están muy preocupados» por el fuerte encarecimiento de las tasas judiciales, que disuade a los ciudadanos de pleitear y puede reducir la facturación de los bufetes. Esa inquietud no se ha mitigado con el amago de rectificación del Gobierno al anunciar que se abaratarán algunos gravámenes y se suprimirán otros, aunque manteniendo el principio de que paguen las personas físicas, que antes estaban exentas. «Es una marcha atrás que se debe a motivaciones que no tienen que ver con las reformas de la Justicia», sostiene el abogado. «Se habla de modular las tasas, pero no de derogarlas, que es lo que tendría que hacer Gallardón».

Según García Pascual, la Justicia sufre una sucesión de «despropósitos». «No han pasado dos meses desde que entró en vigor la Ley de Tasas y ya hablan de cambiarla», ironiza. «Y eso que estuvo suspendida un mes, ocasión que aprovecharon las empresas con una facturación de más de ocho millones de euros, las que estaban obligadas a pagar el gravamen desde antes de la ley. La suspensión les ahorró un buen dinero en ese periodo. ¿Cuánto se ha dejado de ingresar?». El presidente del Colegio Vasco insiste en que la Justicia necesita más recursos. «Somos el país de la UE con menos jueces».

Borja Llona Juez sustituto

«Se verá si nuestra ausencia la compensan las altas tasas»

«No éramos muy conocidos socialmente, pero yo sí he sentido reconocido mi trabajo por los jueces titulares», afirma Borja Llona, que ha ejercido como juez sustituto durante tres años para cubrir bajas y vacantes en Gipuzkoa. «Empecé en 2009 y todavía había muchas vacantes en ese territorio. Recuerdo periodos en que, de tres juzgados contenciosos de San Sebastián, dos no tenían juez titular. Aún persistía el miedo provocado por el asesinato del juez Lidón, que fue mi profesor. La situación ha cambiado. El País Vasco ya no da miedo».

Llona fue abogado antes de trabajar como juez sustituto, previa designación por el CGPJ, en las plazas de San Sebastián, sobre todo en la jurisdicción contenciosa; y también en Irun, Bergara y Eibar, partido este último donde llevó un juzgado de Instrucción y Primera Instancia con especialización en violencia de género. El letrado precisa que, en sentido estricto, el Ministerio de Justicia no ha eliminado a los sustitutos, ya que también los contempla, si bien como último recurso. «La desaparición de nuestra figura viene por la vía del recorte del presupuesto para pagarnos», explica. Ese cambio, en su opinión, causará un gran perjuicio a los jueces titulares. «Entiendo su enfado; se les carga de trabajo, el de otro juzgado, y no se les retribuye».

Los planes de Llona ante los tijeretazos de Gallardón pasan por volver a ejercer como letrado. «No creo que se vaya a producir un colapso en los juzgados sin sustitutos. Al menos a corto plazo», apunta. «Las nuevas tasas reducirán el número de asuntos, más que nada de las personas físicas, y cuando la crisis amaine dentro de año y pico también bajarán. Se verá si nuestra ausencia la compensará esa reducción de la actividad por las tasas».

Fernando Abad Gestor de juzgado

«Ya era hora de que los jueces asumieran estas demandas»

«Trabajo en la Administración judicial desde hace 25 años y en ese tiempo las cosas han mejorado en el País Vasco. Pero lo conseguido se puede perder», avisa Fernando Abad, gestor del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao y portavoz del CSI-F, sindicato mayoritario entre los trabajadores del sector en Euskadi. «Apoyamos a jueces y fiscales en su demanda de una Justicia concebida como servicio público. Ya era hora de que asumieran lo que reivindicamos desde hace tiempo», apunta.

CSI-F, CC OO, ELA, UGT, LAB y CGT han constituido una plataforma en Euskadi para oponerse a las tasas y a la privatización del Registro Civil –sus funciones pasarían al Registro de la Propiedad– y de los actos de comunicación. Igualmente quieren blindar los actuales puestos de trabajo en los juzgados, nóminas que paga el Gobierno vasco, aunque el Ministerio de Justicia tiene la última palabra para aumentar la plantilla o cubrir las jubilaciones (la política es reponer solo el 10%).

Las centrales están a la expectativa frente a Ruiz-Gallardón. Ni siquiera el anuncio de que se suavizarán las tasas ha disipado su total desconfianza. «Esa medida es insuficiente. Demuestra lo que se consigue cuando la calle se moviliza. Así que nos reafirmamos en la necesidad de movilizarse y de buscar el apoyo de otros colectivos», replica Fernando Abad.

Los sindicatos reclaman al Gobierno Vasco que, en la medida de sus atribuciones, impugne las tasas como hizo con el copago farmacéutico. También le piden que haga lo posible para que el Registro Civil quede como está y que preserve la plantilla de los juzgados de Euskadi, unos 2.000 trabajadores que en una década podrían quedar reducidos a la mitad si no se cubren las jubilaciones. «Conclusión: menos gente y más trabajo», sintetiza Abad. No obstante –prosigue el responsable del CSI-F–, «las responsabilidades recaen en primera instancia en Gallardón».

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