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El problema de la basura se agrava

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El problema de la basura se agrava

Bildu fía la solución al incremento del reciclaje mediante el puerta a puerta, mientras se extiende la oposición ciudadana a este sistema de recogida

17.02.13 - 12:22 -
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El problema de la basura se agrava
En Legazpi comenzaron a colgarse bolsas en las fachadas en protesta por la intención del ayuntamiento de implantar el PaP. :: LIMIA

La Diputación ha decidido saltar al ruedo y lidiar el problema de los residuos. Hasta ahora, el Gobierno de Bildu se ha parapetado detrás del burladero. El diputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, ha mantenido un perfil bajo, soslayando en las ruedas de prensa las preguntas incómodas con el argumento de que la gestión de los residuos es competencia del Consorcio (GHK). En las Juntas ha comparecido varias veces, pero casi siempre a solicitud de la oposición, no por iniciativa propia.

Recientemente, sin embargo, Errazkin decidió salir a la arena y anunció en la Cámara foral que la Diputación propondrá a GHK la paralización definitiva de la incineradora. Subrayó que el 33% de los votos que corresponden al Ejecutivo de Bildu en ese organismo se posicionará en contra de la planta y añadió dirigiéndose directamente a los junteros de la oposición: «Y si ustedes quieren saber qué votaré yo, seré claro, votaré ‘no’ a la incineradora». Estas palabras fueron interpretadas por algún portavoz como una actitud «provocativa, parece que quiere incitarnos a que presentemos una moción de censura contra él, como la que apeó del cargo a Alduntzin».

La decisión del Gobierno foral de tomar la iniciativa en el Consorcio supone cruzar el Rubicón. Hasta ahora, la incineradora se encontraba en una especie de ‘impasse’. El Consorcio (GHK) paralizó su construcción en 2011, tras las elecciones que dieron la victoria a Bildu, pero el contrato con las adjudicatarias se encuentra todavía hoy en vigor.

Durante año y medio, GHK ha negociado con FCC, Serbitzu, Altuna y Uria, Moyua y AEE Innova cómo romper o modificar la adjudicación con el menor coste para las dos partes. La carta que en diciembre envió la UTE a Juan Carlos Alduntzin, presidente de GHK (publicada el pasado lunes por este periódico) muestra que estas negociaciones han llegado a un punto máximo de tensión. Baste este párrafo de la carta para apreciar el grado de crispación: «Si vuestra propuesta de resolución de este asunto pasa bien por pretender disminuir los derechos que la UTE legítimamente ostenta o por forzar cualquier decisión legal artificiosamente a fin de lograr libraros de vuestras obligaciones, te comunico que no va a quedar más remedio que la confrontación entre nosotros. Creo que hemos demostrado sobrada buena fe y una ilimitada paciencia con este tema, pero ciertamente todo tiene un límite».

Si la cuestión se dirime en los tribunales, una sentencia en contra del Consorcio podría provocar el pago de 24 millones de euros en indemnizaciones.

Al frente abierto con las constructoras, hay que añadir el que GHKha activado contra La Caixa y Banesto. Alduntzin les ha conminado a «adecuar» los contratos de cobertura de los créditos, en caso contrario GHK presentará una demanda. El presidente del Consorcio denuncia que en la anterior legislatura se firmaron «unos productos especulativos, los denominados ‘swap’».

Pero los problemas con los bancos no acaban aquí. En caso de que el Consorcio decida paralizar la incineradora, tendría que hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de suspender los créditos. En el caso del Banco Europeo de Inversiones, el préstamo se eleva a 195 millones de euros, a los que se suman 68 de La Caixa y Banesto.

Por tanto, el escenario que se dibuja tras las últimas decisiones forales y de GHK es inquietante: tensión máxima con las constructoras y advertencias de pleitos con los bancos. La oposición ha coincidido en denunciar que Bildu aboca a Gipuzkoa a un «abismo económico».

Plan de Bildu

El panorama descrito anteriormente podría estar justificado si hubiera un plan alternativo que resolviera el problema de la basura. Pero no es así. La Diputación presentó en junio del año pasado un documento en el que esboza un plan que, a día de hoy, solo existe en los papeles y que no cuenta con financiación, cuando su coste se eleva a 182 millones de euros.

El plan encargado por la Diputación con el objetivo de sustituir al aprobado en la pasada legislatura establece la construcción de diez infraestructuras: seis plantas de compostaje, tres de tratamiento mecánico-biológico y una de biometanización. Además, se prevé uno o varios vertederos de «inertes» para la fracción de basura que no se pueda reciclar.

El diputado de Medio Ambiente señaló en la rueda de prensa del miércoles que de estas diez instalaciones solo una, la planta de compostaje de Bergara, está previsto que comience a construirse en breve.

Los plazos resultan especialmente importantes en este tema. Las mancomunidades del Urola y de Sasieta aceptaron en 2008 recibir la basura de Donostialdea y Txingudi hasta 2014, año en la que debía ponerse en marcha la incineradora de Zubieta. La razón de fijar ese plazo era evidente. Los vertederos de Azpeitia, Zarautz y Beasain reciben decenas de miles de toneladas procedentes de otras comarcas y se estimó que la capacidad de sus vertederos se colmataría ese año.

Errazkin, pese a que el plan alternativo está en pañales, aseguró que los vertederos se cerrarán a finales de 2014 o comienzos de 2015. La oposición afirma que el plazo de clausura se prorrogará, con el consiguiente enfado de los vecinos afectados.

Extensión del PaP

«La clave está en llegar al 60% de reciclaje en 2016». Esta frase de Errazkin pronunciada el jueves en las Juntas marca la pauta de la estrategia de Bildu. La coalición apuesta por la extensión del sistema de recogida puerta a puerta, con el fin de alcanzar unas tasas de reciclaje y compostaje que hagan innecesaria la incineradora.

Esta estrategia obvia dos realidades: la oposición ciudadana al PaP (75.000 firmas recogidas) y el hecho de que más de la mitad de los guipuzcoanos, los residentes en Donostia, Irun, Eibar, Hondarribia, Zumarraga y otras localidades no utilizarán este sistema, sino el quinto contenedor.

La oposición resalta otra cuestión. Señala que el PaP es solo un método de recogida y, por tanto, requiere algún tipo de infraestructura que dé respuesta a la parte de los residuos que no se pueda reciclar. El plan de Bildu propone que esta fracción se deposite en vertederos de «inertes», y la oposición pide a la coalición que ponga «el cascabel al gato» y diga dónde se ubicarán.

En resumen, la Diputación ha tomado la decisión de paralizar definitivamente la incineradora, pero su plan alternativo no dispone de calendario ni de financiación para garantizar que los vertederos se cierren en los plazos previstos. Y, además, GHK corre el peligro de enfrentares en los tribunales con las adjudicatarias de la incineradora y con los bancos, pendiendo sobre la arcas públicas el pago de unas indemnizaciones mulmillonarias. Entre tanto, el PaP se irá extendiendo, pese a la oposición de una parte significativa de la sociedad.

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