El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la paga extra de López

El Gobierno de Mariano Rajoy presentó antes del cierre del registro del Tribunal Constitucional, las tres de la tarde, la cuestión de competencias con la que traslada a la justicia su desacuerdo con la decisión del Gobierno Vasco de abonar la paga extra de Navidad de sus 67.000 funcionarios. El Ejecutivo de Rajoy pidió el viernes un dictamen al Consejo de Estado, que estuvo reunido este miércoles para hacerlo efectivo. Con su impugnación, el gobierno del PP intentará paralizar el pago de la extra acordado por el Gobierno en funciones de Patxi López el pasado martes.

Al margen de la impugnación ante el TC, Hacienda ya ha advertido al lehendakari y su equipo de que podrían incurrir incluso en un delito penal: el de prevaricación previsto para todo funcionario público que tome decisiones a sabiendas de que son ilegales.

Al conocer esta decisión, el Gobierno Vasco ha optado por esperar a la decisión del Constitucional de admitir o no a trámite este conflicto para ordenar el pago de la extra hacia el próximo día 10, de forma que los funcionarios la reciban en sus nóminas el 20 de diciembre.

El escrito de conflicto de competencias ya fue anunciado el pasado 30 de noviembre por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que la extra de Navidad a los funcionarios que quiere abonar el Ejecutivo vasco incumple el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Admisión a trámite

Una vez presentada la cuestión de competencia, se prevé que el Tribunal Constitucional decida su admisión o no a trámite en el próximo pleno, momento en el que podría incluir la orden de paralizar la medida adoptada por Euskadi.

Fuentes del Ejecutivo de Vitoria han opinado que esta decisión del Gobierno de Mariano Rajoy "es un intento de evitar que se cree un precedente" con otras comunidades autónomas. Han explicado asimismo que ahora esperarán a ver si el Tribunal Constitucional admite a trámite este conflicto para adoptar una decisión sobre la paralización o no de la orden de pago.

También han matizado que en este caso no existe un "hecho impugnable" sobre el que recurrir, ya que el Gobierno autonómico no ha llevado a cabo ningún "acto, ni un decreto, ni una ley" para el abono de la paga extra, sino que sólo se ha tratado de la manifestación de la voluntad del Ejecutivo expresada por su portavoz, Idoia Mendia.

En este sentido, ha explicado que el "protocolo de libramiento" de la paga extra , es decir la orden de abono al banco, todavía no se ha efectuado porque se lleva a cabo diez días antes aproximadamente de que los funcionaros reciban en sus cuentas el ingreso de la extra , que suele ser el día 20 de diciembre.

Duras acusaciones

El conflicto por la paga de la extra de Navidad a los funcionarios vascos ha enfrentado durante las últimas semanas a los gobiernos central y vasco, con duros cruces de acusaciones.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, calificó de "ilegal" abonar esta paga y advirtió de que a los funcionarios que decidieran pagarla se les exigirían las responsabilidades que recoge el Código Penal, que llevan "aparejadas una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años".

Euskadi calificó esta advertencia de "abuso" que "suena a chantaje" por tratar de "intimidar a funcionarios públicos para influir de forma ventajista en un conflicto jurídico y político", algo que a juicio del Gobierno en funciones de Patxi López es "incalificable".

Tras la materialización de la medida anunciada y la presentación del conflicto de competencias, la paga que pensaban percibir los 67.000 funcionarios vascos podría ahora estar en entredicho.

Incluso podría quedar pendiente de resolución para el próximo Gobierno Vasco, liderado por el PNV, que quizás se vería obligado a devolverla en caso de que se abone.