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EA pide que se investiguen hasta el final las irregularidades en Justicia

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EA pide que se investiguen hasta el final las irregularidades en Justicia

Ha anunciado que no descarta personarse como acusación particular y proponer la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco

07.02.12 - 18:48 -
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EA ha pedido hoy que se investiguen "hasta el final" las irregularidades detectadas en al menos una quincena de contratos informáticos del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009, cuando estaba dirigido por Joseba Azkarraga (EA), cuyo importe supera los 23 millones de euros.
Tras conocer los datos dados a conocer hoy por la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, Eusko Alkartasuna ha anunciado que no descarta personarse como acusación particular y proponer la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco.
Para verificar los datos ofrecidos hoy por Mendia, el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, solicitará el expediente que el ejecutivo vasco va a enviar a la Fiscalía y las auditorías interna y externa llevadas a cabo para descubrir estas irregularidades, además de solicitar la comparecencia de la actual consejera de Justicia en el Parlamento.
«Comportamiento honrado»
Si las irregularidades destapadas por el Gobierno Vasco socialista son ciertas, EA ha anunciado que exigirá responsabilidades políticas y judiciales, ya que sus cargos públicos firman un código ético en el que se comprometen a tener "un comportamiento escrupulosamente honrado y responsable con los fondos públicos".
Por ello, EA quiere que se clarifique lo ocurrido cuando Azkarraga era el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, y se va a poner en contacto con los excargos públicos de ese departamento que pudieron conocer los hechos.
No obstante, EA ha lamentado que el Gobierno Vasco haya tardado casi dos años en denunciar estas supuestas irregularidades, "lo que hace temer un deficiente control de las cuentas públicas".
También ha deseado que el hecho de que se haga ahora esta denuncia no tenga ninguna relación con las acusaciones de bancarrota sobre las arcas públicas vertidas en los últimos días por parte del PNV, porque ello supondría "una actuación inaceptable".
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