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El INEM da paso a Lanbide, que ligará las ayudas sociales al empleo

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El INEM da paso a Lanbide, que ligará las ayudas sociales al empleo

La puesta en marcha de Lanbide es consecuencia de la transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de las políticas activas de empleo, negociadas entre PSOE y PNV

31.12.10 - 11:13 -
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El INEM da paso a partir del 1 de enero al servicio vasco de empleo y formación Lanbide, que gestionará también las ayudas sociales y las ligará a la búsqueda activa de empleo, por lo que los que rechacen trabajos podrían perder las prestaciones.
La puesta en marcha de Lanbide es consecuencia de la transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de las políticas activas de empleo, negociadas entre PSOE y PNV.
Las políticas pasivas, que son el pago de los subsidios a los parados, no se han transferido al País vasco ni a ninguna otra autonomía.
Por ello, las oficinas de Lanbide dispondrán de un servicio específico del INEM para el pago de las prestaciones.
Las políticas activas son sobre todo los cursillos de formación para los parados y la intermediación en el mercado laboral, es decir, recoger las ofertas de trabajo y cruzarlas con las demandas. También incluyen la formación continua.
Este traspaso a Euskadi se ha fijado en 472 millones de euros ya que, a las políticas activas de empleo -algo más de 300 millones- se ha añadido el traspaso de las bonificaciones de las que se benefician las empresas por contratar.
Precisamente hoy el Boletín Oficial del País Vasco publica el decreto por el que se regula el inicio de actividades de Lanbide y las condiciones de adscripción de medios personales y materiales.
El servicio vasco de empleo y formación va a tener un marcado carácter comarcal, más que provincial, para conocer las necesidades de empleo más cercanas y por ello se desplegará en 30 comarcas de la Comunidad Autónoma Vasca: once en Guipúzcoa, siete en Álava y doce en Vizcaya.
Contará con 44 oficinas, 21 en Vizcaya (de las que 5 estarán en Bilbao), 14 en Guipúzcoa (3 en San Sebastián) y 9 en Álava (3 en Vitoria).
Aunque en principio la previsión es que en Lanbide trabajen 575 personas, del actual servicio vasco y el proveniente del servicio estatal transferido, el Gobierno Vasco estima que a medio plazo la plantilla, que tendrá ya homologadas sus condiciones laborales en enero de 2011, podría llegar a los 750.
Lanbide gestionará, probablemente a partir de la segunda mitad de 2011, todos los trámites relacionados con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que ahora competen a diputaciones y ayuntamientos, una vez que el Parlamento apruebe la modificación de la ley que ha propuesto el Ejecutivo de Patxi López.
El objetivo es que la percepción de estas ayudas sociales esté vinculada, excepto para algunos colectivos como los pensionistas, entre otros, a la búsqueda de empleo.
El perceptor de la ayuda que no cumpla el compromiso de activación de empleo no cobrará la RGI, según ha advertido la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.
Así, si se cumplen estos plazos, diputaciones y ayuntamientos dejarán de gestionar esta renta social y estas instituciones quedarán liberadas de esta gestión a mediados de año.
Lanbide, desde el momento en el que se haga cargo de la gestión completa de la RGI, fijará las correspondientes citas de los perceptores con el personal de orientación laboral y se propondrán acciones concretas para su activación laboral.
Además, en los procesos de contratación pública, Lanbide dará preferencia a las empresas que tengan en sus plantillas trabajadores con discapacidad.
Los estatutos de Lanbide han sido pactados en el seno de la Mesa de Diálogo Social y establecen que su consejo de administración está formado por cinco miembros del Ejecutivo autonómico, otros cinco en representación de los empresarios y otros tantos por parte de los sindicatos, aunque de momento ELA y LAB no han decidido si se incorporarán a este órgano.
La sede principal de Lanbide estará en Vitoria y el servicio de empleo estará dirigido por Javier Ramos Salazar, hasta ahora responsable de Egailan, la sociedad pública de formación para el empleo.
El Gobierno Vasco ha anunciado que revisará uno a uno los más 88.000 expedientes de ayudas sociales con el fin de comprobar si los perceptores de estas ayudas cumplen con los requisitos legales necesarios para recibirlas.
Así, deberán estar inscritos en los servicios de búsqueda de empleo, no poseer más bienes inmuebles que la vivienda habitual, y residir en una casa en la que no haya más de dos personas beneficiarias de la renta de garantía de ingresos.
Esta inspección se prolongará durante seis meses, con el fin de que el sistema esté saneado cuando Lanbide comience con su plena actividad.
El presupuesto para 2011 del servicio de empleo y formación vasco asciende a 785 millones de euros, de los que unos 325 millones se dirigirán a las prestaciones, la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda, y alrededor de 225 millones a las políticas activas.
Otros 150 millones corresponderán a las bonificaciones a la contratación, una cantidad fijada en función del coeficiente del 6,24 por ciento de la cantidad destinada en el conjunto del Estado a esta función.
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