La Fiscalía de Gipuzkoa solicita penas que suman 110 años de prisión para ocho personas que el mes próximo serán juzgadas en la Audiencia de San Sebastián acusadas de promover la inmigración clandestina y coaccionar a mujeres para que ejercieran la prostitución en un local de alterne de Ezkio-Itsaso.
Los acusados pertenecían presuntamente a una organización que fue desmantelada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la capital guipuzcoana.
Los hechos, que serán juzgados el 15 de febrero, se iniciaron en septiembre de 2007 cuando funcionarios adscritos a la Comisaría de San Sebastián, encuadrados en la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, tuvieron conocimiento de que en el club La Bolera, de Ezkio-Itsaso, un grupo de mujeres extranjeras que se hallaban en situación irregular eran obligadas a ejercer la prostitución.
Según la Fiscalía, las mujeres permanecían retenidas de forma continuada en el interior del citado establecimiento, del que ni siquiera tenían posibilidad de salir, en tanto no pagaran el precio de los billetes de avión desde sus países de origen hasta España.
Saldar deudas
Las deudas triplicaban el precio de los pasajes y llegaban a alcanzar los 6.000 euros. De esta manera, los integrantes de la trama impedían que las mujeres abandonasen los clubs, mientras no saldaran la supuesta deuda.
Las investigaciones se intensificaron en el mes de octubre, después de que los inspectores al cargo del caso efectuasen diversas gestiones y mantuviesen varias entrevistas con mujeres que se habían encontrado en la misma situación que las personas que todavía permanecían sometidas por los presuntos proxenetas. Las averiguaciones permitieron identificar a los integrantes de la red, así como a la persona que se dedicaba a la captación de las mujeres en Brasil.
Este individuo mantenía a las jóvenes engañadas hasta el punto de que llegaban a creer que en España les aguardaba una oferta de trabajo distinta a la prostitución. Sin embargo, una vez en el país eran sometidas a explotación sexual. Las mujeres, según la Fiscalía, se vieron obligadas a ejercer la prostitución por temor a posibles represalia en sus países de origen.
Los acusados son Isidoro T.B, dueño del club, Aldeide Ch.B., Francisco P.G., Carlos T.B., Ignacio María L. M., María Lourdes F.A., Elena A.A. y Juan Tomás G.J. Para ello, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre doce y veinte años de prisión. El ministerio público les imputa un delito de promoción de la inmigración clandestina y otros por obligar a las mujeres a ejercer la prostitución.
Agresión sexual
Además, a uno de ellos la Fiscalía le imputa un delito de agresión sexual después de que un día entrase en una de las habitaciones que ocupaban las mujeres y pretendiese mantener relaciones sexuales con una de ellas. Ante la negativa de la víctima, el acusado le tiró del pelo, le clavó las uñas en el cuello y comenzó a tocarle los pechos. Los hechos fueron presenciados por una compañera de la mujer que evitó que el acusado continuara con la agresión.
La Policía consideró que la cabecilla de la trama era Aldeide Ch.B, de origen brasileño que fue arrestada en Extremadura y conocida con el apodo de 'Natalia'. Esta persona, junto al dueño del establecimiento y el hombre que supuestamente intentó violar a la mujer ingresaron en la cárcel cuando la organización fue desmantelada.
Las defensas de los acusados están en desacuerdo con las consideraciones fiscales y piden la absolución de sus clientes.
