La reordenación de las ayudas de inclusión que está acometiendo el Gobierno Vasco comienza a dar sus frutos en forma de consenso. Detrás de las aparentes desavenencias públicas entre los responsables de Política Social de las diputaciones y los del Departamento del Ejecutivo que dirige la consejera Gemma Zabaleta existe margen para el acuerdo. Al menos en lo que refiere a las ayudas a los jóvenes tutelados en su proceso de emancipación. En este apartado, el Gobierno Vasco va a asumir buena parte de las líneas del modelo que lleva a cabo en Gipuzkoa la Diputación.
Así lo recoge el último borrador del decreto de la Renta de Garantía de Ingresos que desarrolla el Gobierno Vasco, en el apartado referido a estos jóvenes. La nueva norma contempla extender el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (unos 650 euros mensuales) a estos jóvenes, entre los 18 y los 23 años, para lo que previamente deben suscribir un «convenio de inclusión específico». (De forma general, a esta ayuda sólo se accede a partir de los 23 años).
La Diputación de Gipuzkoa, que no se cerraba totalmente a la extensión de esta prestación a estos jóvenes -en la actualidad aquí se ofrece una prestación aunque de menor cuantía, 520 euros-, reclamaba que la ayuda fuera vinculada, más allá de la firma de un convenio, a «un seguimiento y acompañamiento» en el proceso de emancipación, como así ocurre en el actual modelo de atención foral en el territorio.
Según Pedro Sánchez, director de Inclusión Social del Gobierno Vasco, esta apreciación se recoge ya en el último borrador del decreto. «Vamos a hacer que esa persona que abandona el centro foral y tiene más de 18 años esté acompañada, tutelada desde el punto de vista de lo social, formativo y laboral por un sistema que va a completar su convenio de inclusión. Todo ello para lograr que estos chavales no caigan en la exclusión, se formen y entren en el mercado laboral, lejos de problemas delictivos y de la pobreza», señaló.
Precisamente, los «últimos cambios a los que se ha sometido el decreto son los sugeridos por la Diputación de Gipuzkoa, buscando el consenso interinstitucional». Según Sánchez, el decreto de la Renta de Garantía de Ingresos, que se aprobará en febrero, incluye una transitoriedad sugerida por la Diputación guipuzcoana por la que estos jóvenes no podrán acceder a la prestación hasta que no se definan los convenios de inclusión en un nuevo decreto, que el Gobierno Vasco quiere tener listo en abril o mayo. Mientras tanto, los jóvenes seguirán con los actuales programas de las diputaciones. En Gipuzkoa, unos seguirán viviendo en pisos de emancipación (125 en 2009) y otros (90) continuarán cobrando su ayuda de emancipación.
«Queremos llevar a cabo un buen trabajo interinstitucional. En las próximas semanas nos reuniremos con las tres diputaciones y con la asociación de municipios Eudel para definir los contenidos de los convenios de inclusión de la Renta de Garantía de Ingresos», señala. En esas reuniones, se concretará un convenio de inclusión específico para los jóvenes tutelados que se emancipan. «Definiremos de qué manera vamos a transformar los planes educativos individuales que puedan tener en los centros forales en convenios de inclusión activa, que colocarán la formación y el empleo en el centro», añade.
Cumplir los requistos
Además, para completar esos convenios de inclusión, el Gobierno Vasco ha desarrollado el programa Garatu, pensado en la orientación social, formativa y laboral, «en el que tendrán que encuadrarse los jóvenes para poder cobrar la prestación». Para su materialización se contará con las empresas de inserción y los centros especiales de empleo.
La extensión de la Renta de Garantía de Ingresos a los jóvenes tutelados en su proceso de emancipación, aunque pasa por alto el requisito general de los 23 años que tiene el resto de la población, también tiene sus obligaciones. «En Diputación ya saben que en el texto se van a incluir todas las garantías para evitar que nadie saque ningún provecho que no sea lícito», señala el director de Inclusión Social.
Por ello, a los jóvenes que salen de la tutela, se les pide el resto de requisitos que se les exige a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, como un año de empadronamiento, domicilio independiente y la firma de un convenio de inclusión. No obstante, a diferencia del resto de perceptores, en el caso de los tutelados la firma de este compromiso «será anterior a poder solicitar la prestación».
Asimismo, merced a otra de las aportaciones de la Diputación de Gipuzkoa, estos jóvenes no podrán pasar más de dos meses fuera de los centros y la red de seguimiento foral y, pasado este tiempo, regresar a un ayuntamiento a solicitar esta ayuda. «Si no se cumple el plan educativo, nadie va a beneficiarse de estas ayudas», sentencia Sánchez.
Respecto a si la cuantía mensual que recibirán es «un poco excesiva» como criticó la diputada Maite Etxaniz, el director de Inclusión no entra en valoraciones: «Es lo que determinó el Parlamento Vasco en diciembre de 2008».
