Las comunidades autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que en algunas regiones puede conllevar este trámite administrativo. El acuerdo se adoptó ayer por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia, aunque los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no fijaron el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas. Así lo anunció ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien ha destacado el «gran valor político» de este acuerdo, que tendrán que incorporar las comunidades en su normativa, y que permitirá reducir los tiempos de espera para que las personas dependientes puedan percibir estas prestaciones.
Los tiempos que se manejan en muchas comunidades no tienen nada que ver con lo que ocurre en Gipuzkoa. En el territorio, los plazos de tramitación son muy rápidos y, actualmente, el tiempo medio que tarda la Diputación en valorar una solicitud recibida desde los ayuntamientos es de 20 días. Ello incluye la citación telefónica, la visita, la cumplimentación de la valoración, la propuesta y la emisión de la resolución al domicilio del interesado, según fuentes forales.
En la actualidad, 14.000 ciudadanos de Gipuzkoa reciben ayudas de la ley de Dependencia, cuya aplicación se realiza de forma progresiva: en 2007 entraron los grandes dependientes, en 2008-2010 los dependientes severos y a partir de 2011 se beneficiarán los dependientes moderados.
En cuanto al resto del Estado, Jiménez informó que 743.596 personas tienen derecho a percibir las ayudas por dependencia, de las que 485.526 ya las están recibiendo y 258.070 continúan en espera. Sobre este último colectivo, existe un «firme compromiso político» para que los afectados sean incorporados al sistema cuanto antes. Precisó que en los casos en que las comunidades tengan establecido un proceso «en dos pasos», para reconocer el grado de dependencia y después el derecho a la prestación, el primero tendrá que consolidarse en tres meses. Para los menores de tres años, el periodo será de 30 días.
El Consejo acordó también mejorar la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que incluye un seguimiento de las condiciones de vida del beneficiario y establece garantías para la salud del cuidador.
