La Diputación de Gipuzkoa no comparte el modelo que plantea el Gobierno Vasco para ayudar a los jóvenes tutelados por las instituciones en su proceso de emancipación. El departamento que dirige la consejera Gemma Zabaleta ultima un decreto de Renta de Garantía de Ingresos con el que pretende extender el cobro de esta prestación a los jóvenes de 18 años que hayan estado tutelados. La diputada de Política Social de Gipuzkoa, Maite Etxaniz, no se cierra a que estos jóvenes cobren esta prestación, pero reclama que vaya vinculada a un «seguimiento y acompañamiento» en el proceso de emancipación, como ocurre en el actual modelo de atención foral en el territorio.
En el caso de Gipuzkoa, cuando los menores que han estado bajo la tutela de la Diputación cumplen la mayoría de edad se les ofrecen dos alternativas. Por un lado, pueden acogerse a los pisos de emancipación, orientados desde el servicio de Protección de Menores para luego depender de la dirección de Inserción. En este apartado, el año pasado 125 jóvenes pasaron por estos pisos, en las 98 plazas de que dispone la Diputación, señaló Etxaniz, durante su intervención ayer en comisión de Juntas Generales, a petición del juntero de Alternatiba, Ander Rodríguez.
La segunda alternativa que ofrece la institución foral a estos jóvenes son unas prestaciones económicas de emancipación para quienes decidan no alojarse en los pisos de emancipación. Estas ayudas, que el año pasado disfrutaron 90 jóvenes y que rondan los 500 euros mensuales, están «condicionadas a un convenio de inserción y siempre llevan el acompañamiento de +un profesional».
Etxaniz defendió este modelo y recordó que llegaron a pactar con la asociación de municipios Eudel y con algunos ayuntamientos que en el acompañamiento a estos jóvenes, una vez que los convenios de inclusión estuvieran establecidos, también participaran los servicios sociales de base, aunque el seguimiento principal dependiera de la Diputación. «Este es nuestro modelo y el que queremos que se impulse también desde el Gobierno Vasco», señaló.
Durante su intervención, la diputada enumeró las reuniones y contactos realizados entre las diputaciones y el Gobierno Vasco y las discusiones en torno al borrador del decreto de Renta de Garantía de Ingresos. En este sentido, recordó que en el primer texto presentado en junio del año pasado «no se incluía la ayuda a estos jóvenes». De forma general, la renta de garantía de ingresos se dirige a mayores de 23 años.
Tras diversas reuniones y cambios, «se añadió la extensión de la ayuda y la necesidad de que el joven firme un convenio de inclusión». No obstante, para Etxaniz la firma de ese convenio «no es suficiente». En su opinión, los «convenios de inclusión requieren mucho trabajo, se deben de hacer en los servicios sociales de base -por lo que Eudel también debería estar de acuerdo- y, sin seguimiento, no llegarían a ser muy fructíferos».
Etxaniz advirtió de que con el decreto que propone el Gobierno Vasco existe «el peligro de universalizar la ayuda sin que haya filtros, ni acompañamiento».
Ayudas «excesivas»
La diputada quiso dejar claro que no estaba en contra de ofrecer ayudas económicas, «puesto que en Gipuzkoa se dan», aunque consideró que la renta de garantía de ingresos sería una cuantía «excesiva». En la actualidad, la ayuda de emancipación de la Diputación es el 80% de la renta de garantía de ingresos, unos 520 euros, para jóvenes de entre 18 y 23 años, que salen de la tutela y no acuden a los recursos asistenciales de emancipación. «Se les garantiza una acompañamiento para hacerles un seguimiento en ese convenio de inclusión. Este es nuestro modelo y es el que pensamos que es efectivo para la emancipación de estos jóvenes que, al día siguiente de cumplir 18 años serán mayores de edad, pero todos sabemos que a los 18 años todavía no somos tan maduros como para poder caminar solos, sobre todo personas que vienen de situaciones problemáticas».
Etxaniz señaló que, con la renta de garantía de ingresos, un joven que termina la tutela podría cobrar «cerca de 700 euros al mes a los que podría añadir otros 140 euros por el complemento de vivienda. En un mismo piso podría haber dos jóvenes cobrando esta cantidad. Con 18 años, sin nada más que exigir, si el convenio de inclusión no se hace bien, nos parece un poco excesivo», sentenció. A pesar de las críticas, el decreto todavía no se ha cerrado y la diputación tiene «esperanza» de seguir dialogando y llegar a un acuerdo. La misma voluntad que mostraron ayer los junteros del PSE.
