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Trabajadores vascos con salarios bajos podrán cobrar una parte de la renta básica

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Trabajadores vascos con salarios bajos podrán cobrar una parte de la renta básica

El decreto beneficiará a quienes tienen ingresos familiares inferiores a 1.011 euros y obligará a mejorar la formación

17.01.10 - 03:40 -
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Los trabajadores vascos con empleos precarios y bajos salarios tendrán derecho a exigir desde febrero una parte de la renta de garantía de ingresos (RGI), un subsidio para personas amenazadas de exclusión que financia el Gobierno de Vitoria y que asciende a 650 euros al mes en doce pagas. Según el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, el porcentaje de esa ayuda que se podrá reclamar dependerá del dinero que gane el beneficiario y podrá sumarse, cuando corresponda, a la prestación de alquiler, una cantidad que se entrega aparte desde el pasado 1 de enero y que oscila entre 250 euros mensuales (con carácter general) y 320 euros (hogares con tres o más miembros).
La posibilidad de que un ciudadano con ocupaciones temporales -en muchos casos, apenas unas horas a la semana- y escasamente remuneradas perciba parcialmente la RGI -la antigua renta básica- ya existía hasta ahora en Euskadi, pero era un incentivo que los servicios sociales utilizaban cuando pensaban que podía animar al beneficiario a seguir trabajando y aprender un oficio para insertarse en el mercado laboral. Sin embargo, el Gobierno Vasco aprobará el mes próximo un decreto que convertirá ese instrumento en un derecho ciudadano, tal y como estaba previsto en la Ley de Garantía de Ingresos, que fue aprobada por el Parlamento en 2008 y asegura a los vascos un mínimo de subsistencia.
Con el futuro decreto, la persona que ingrese entre 0 y 1.011,41 euros mensuales netos tendrá acceso total o parcialmente a la renta básica y, en su caso, a la prestación de alquiler, que es otro subsidio que sólo se puede percibir si se cobra el anterior. A medida que las ganancias por la actividad laboral se acerquen al tope, la cuantía en concepto de RGI irá decreciendo paulatinamente hasta un céntimo de euro. De ese modo, a quien le corresponda esa cantidad mínima le quedará la ayuda por el arrendamiento de vivienda. Por encima de 1.011,41 euros ya no se concederá tampoco el dinero para el piso, aunque se puede tramitar una ayuda de emergencia social (AES) en un momento dado.
Ahora bien, los subsidios se otorgarán con condiciones. La RGI no durará más de dos años y, con carácter general, el beneficiario deberá haber cumplido 23 años. Además, tendrá que llevar empadronado en Euskadi al menos doce meses, con o sin 'papeles', y una vez aprobado el expediente, habrá de firmar un convenio de formación profesional, puesto que la finalidad del programa no es otra que aumentar la cualificación laboral.
La consejería de Gemma Zabaleta ha advertido de que el seguimiento será estrecho y no consistirá en entrevistas rutinarias con el trabajador social cada varios meses. Por otra parte, ocultar algunos empleos para declarar menos ingresos y cobrar más ayuda no resultará fácil, porque los cursos ocupan bastantes horas y habrá que aceptar los puestos laborales que se propongan. La supervisión correrá a cargo de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, que asumirá en el futuro las políticas activas y prestará apoyo a los servicios de base municipales.
Pobreza 'a la americana'
«Mucha gente que gana cantidades pequeñas ignora que puede solicitar una parte de la renta de garantía y la prestación de vivienda. Pero no acuden a informarse a su ayuntamiento porque creen que es una cosa de pobres», asegura Pedro Sánchez, director de Inclusión Social, que antes ha sido trabajador social en el Ayuntamiento de Ermua. Según el Gobierno Vasco, de las 55.000 personas que cobraron la RGI el pasado año, con un presupuesto total de 242 millones de euros, unas 14.800 trabajaban aquí y allá, y tenían concedida sólo una parte de la prestación, utilizándola para elevar sus ingresos.
El Ejecutivo desconoce cuánto aumentará ese colectivo de ciudadanos subsidiados a medias en el contexto de la crisis; sobre todo, ahora que la RGI es una prestación reconocida con carácter universal. Sin embargo, los técnicos de la Administración vasca no consideran descabellado que se superen ampliamente los 20.000 perceptores en dos años si la economía se reactiva lentamente y ofrece ocupaciones precarias. «El empleo ya no protege necesariamente de la exclusión. Es la pobreza 'a la americana'», resume Pedro Sánchez.
A medio plazo, los trabajadores que salen adelante con magros salarios podrían convertirse en los principales demandantes de RGI en Euskadi, por delante de otros dos grupos que eran los más numerosos en 2009: por un lado, las personas mayores con pensiones muy bajas -un total de 21.000 perceptores que también cobran una parte de la ayuda como complemento-, y por otro, los ciudadanos sin empleo ni recursos, 19.200 individuos que tienen la RGI íntegra, muchos de los cuales padecen problemas sociosanitarios y no pueden trabajar.
Lógicamente, un cambio en el retrato de la pobreza de Euskadi incidirá en la estrategia a seguir con la renta de garantía, cuyo presupuesto asciende a 281,4 millones de euros para este año (la ayuda de alquiler se llevará 43,1 millones). La filosofía es simple: que las personas que entran y salen del mercado de trabajo -un abanico cada vez más heterogéneo de individuos con o sin titulación que temen perder el nivel de vida de sus padres- reciban de las arcas públicas unas cantidades calculadas para que, sumadas a sus pequeños salarios, les parezca preferible mejorar a convertirse en perceptores puros de subsidios.
Jóvenes de 18 a 23 años
La legislación sobre la RGI no se concentrará en los adultos. Deja abierta la puerta para que el dinero público alcance a jóvenes de 18 a 23 años en situaciones excepcionales, como los casados y los huérfanos que alcanzan la mayoría de edad. En ese grupo figuran los inmigrantes no acompañados acogidos por las diputaciones, que han protagonizado frecuentes incidentes. En este caso, las instituciones extremarán el celo, y ninguno de esos muchachos cobrará un euro si no firma primero el convenio de inserción (los demás perceptores pueden firmar después, aunque el control será el mismo).
«El empleo suscita en las personas el deseo de ir a más», dice Pedro Sánchez. «Si se enganchan al mercado laboral, pagarán impuestos». Por ese motivo, el responsable de Inclusión Social insiste en que la formación será inseparable de las ayudas públicas. Ese principio también se aplicará a las personas inactivas, pero en condiciones de trabajar, que tengan la renta básica íntegra y el dinero del alquiler. La meta es que se sumen lo antes posible al grupo de quienes ganan algo, un paso que les beneficiará a ellos y a los contribuyentes, pues en tal caso habrá que darles menos subsidios.
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