Los ayuntamientos guipuzcoanos que se vean en la necesidad de endeudarse este año para cubrir el gasto corriente (salarios, servicios...) deberán acometer un plan de saneamiento para reequilibrar sus cuentas. En última instancia será la Diputación Foral de Gipuzkoa la encargada de dar el visto bueno a la operación y de velar por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria.
La posibilidad de que las entidades locales se endeuden en 2010 para financiar el remanente negativo de tesorería para gastos corrientes, así como el ahorro neto negativo de 2010, fue una de las decisiones que la Diputación y Eudel acordaron en el seno del Consejo Territorial de Finanzas para dar oxígeno a los ayuntamientos que están en alerta roja ante el desplome de los ingresos.
La propuesta, incluida en la norma foral de Presupuestos, no ha estado exenta de polémica. Las razones son varias. No sólo obliga a cambiar la normativa, sino que va en contra de la máxima que ha sostenido la Hacienda foral durante los dos últimos años, defensora a ultranza de acudir al endeudamiento sólo para inversiones concretas que generen retornos en el territorio. Ahora bien, las interpretaciones sobre qué supone una inversión varían. Algunos responsables institucionales defienden, a modo de ejemplo, que una inversión no supone sólo hacer una carretera, sino también gastar en sanidad o en educación. De cualquier manera, Hacienda se muestra partidaria de insuflar aire a los ayuntamientos siempre que se haga con todas las garantías y caso por caso.
Así lo recoge la Norma Foral de Presupuestos en su octava disposición adicional, que bajo el título 'Medidas extraordinarias de saneamiento de entidades locales' establece las condiciones para que los ayuntamientos se pueden endeudar para cubrir su gasto corriente. Las cláusulas son claras. Para empezar, el importe máximo susceptible de financiación no podrá superar el 5% de los ingresos corrientes previstos para 2010.
De igual manera, el plazo de cancelación de estas operaciones de endeudamiento no podrá ser superior a 6 años, y se concertarán con la flexibilidad necesaria para poder efectuar cancelaciones anticipadas cuando los resultados presupuestarios así lo permitan. En caso de que haya remanentes positivos de tesorería para gastos generales se aplicará obligatoriamente a minorar la deuda.
Plan de vigilancia
Frente a los detalles financieros, la Diputación se ha cuidado de establecer el máximo control sobre este nuevo tipo de operaciones. Así, la operación de endeudamiento de cada ayuntamiento se deberá someter inicialmente a la aprobación del Pleno de la corporación, junto con un plan de saneamiento que contendrá las previsiones de ingresos y gastos del ejercicio 2010 y otros tres sucesivos, así como la explicación detallada de las medidas fiscales, de gestión y administrativas que posibiliten la obtención de ahorro corriente positivo en 2011, así como un remanente positivo de tesorería para gastos generales a diciembre de este año.
Una vez aprobado el plan de saneamiento, entrará en juego la Diputación. Será la institución foral a la que corresponderá autorizar definitivamente la operación del presupuesto corriente y la liquidación del ejercicio anterior, así como el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria.
Sin embargo, la operación seguirá estando bajo lupa. Anualmente, las entidades locales que se acojan a esta disposición presentarán a la Diputación foral, junto con la liquidación del presupuesto, un informe valorativo del grado de cumplimiento del plan de saneamiento que recogerá, en su caso, las medidas correctoras para hacer frente a las desviaciones producidas. La Diputación tendrá la obligación de elevar anualmente a las Juntas Generales, con anterioridad a 1 de junio, un informe de seguimiento con los planes de saneamiento aprobados.
Por último, la normativa recuerda a los consistorios que en caso de que, «por aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el ayuntamiento esté obligado a aprobar un plan económico-financiero, se entenderá que dicho plan queda integrado en el plan de saneamiento».
