Sin modificar la edad legal de jubilación, el Gobierno quiere abordar con los agentes sociales una serie de medidas para retrasar lo más posible el momento del retiro y acercarlo a los 65 años. Entre ellas, propone la penalización de las empresas que, teniendo beneficios, prejubilen a los trabajadores más veteranos, un asunto que ha sido objeto de escándalo social en los últimos años, cuando miles de operarios de grandes compañías han abandonado el mercado laboral con poco más de 50 años.
Aunque no lo detalla, esta salida temprana de las filas laborales tiene un costo económico y social como el cobro del desempleo y el subsidio, o el incremento de las cifras oficiales de paro, por lo que el Ejecutivo es partidario de imponer a las compañías responsables la «cofinanciación de los sobrecostes» producidos por esa política.
La propuesta forma parte de un documento sobre la reforma del sistema de pensiones que se propone consensuar con los agentes sociales. La negociación debe ser rápida, dado que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere presentar a la sociedad española el día 29 de enero las líneas de la renovación.
Anque la solvencia económica del sistema está garantizada a corto y medio plazo -los expertos hablan de que el Fondo de Reserva de las Pensiones no se agotará hasta cerca de 2030- , la viabilidad a largo plazo requiere de una serie de ajustes, dado que con la actual regulación no será posible atender las pensiones de una población jubilada creciente, con una mayor esperanza de vida. Los organismos internacionales han recordado de manera insistente a las autoridades españolas desde hace varios años la necesidad de iniciar lo antes posible un proceso de reformas, lo que en román paladino debe entenderse como recorte de las pensiones futuras.
25 años de cambios
En los últimos 25 años, el sistema ha sido objeto de numerosas reformas, unas más drásticas que otras. Los debates producidos en los últimos meses en la Comisión del Pacto de Toledo -donde los partidos debaten y consensúan las medidas para reformar el sistema- apuntaban ya hace semanas, como ya adelantó este periódico, que los cambios no iban a ser muy drásticos y el documento del Ejecutivo así lo confirma.
Sin embargo, aunque muchas de las propuestas contenidas en el mismo no son más que sugerencias para abrir el debate, ya cuentan con el rechazo de alguno de los agentes sociales.
Además de la citada penalización de los despidos de trabajadores veteranos, el Ejecutivo plantea otras medidas, eso sí, «de acuerdo con los interlocutores sociales» y con «regímenes transitorios adecuados y flexibles», que eleven la edad real de retiro de los 63 años y diez meses actuales a los 65.
Entre ellas menciona la posibilidad de crear planes de pensiones específicos para poder adelantar la edad de jubilación al margen del sistema; la mejora de las condiciones de trabajo para las personas mayores o el fomento de la reducción de jornada en los últimos años de la vida laboral.
Sugiere también la incentivación del esfuezo que supone la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años y apuesta por que sea siempre compensada con una mayor pensión, mientras que retirarse anticipadamente debe ser siempre penalizado. Además, defiende que los contratos individuales de prejubilación, puestos en marcha en 2007, se limiten sólo a los trabajadores que están fuera de la negociación colectiva.
Así mismo, el documento aborda un área muy delicada como son los coeficientes de reducción de la edad de retiro, una regulación que permite retirarse con todos los derechos a colectivos de trabajadores como los mineros del carbón o del mar antes de los 65 años. Mantener esta situación, indica, debe suponer «en todo caso» un recargo de la cotización. Esta propuesta llega cuando son varios los colectivos de trabajadores -conductores, operarios de la construción...- que piden acogerse a los coeficientes de reducción. En cualquier caso, el Gobierno señala que la edad mínima de jubilación, fijada en 52 años para los citados colectivos, debe incrementarse de inmediato.
Sostenibilidad
En el documento, el Ejecutivo pasa de puntillas sobre algunas de las reformas propuestas por los expertos para garantizar a largo plazo la viabilidad del sistema, asunto siempre polémico. Por ejemplo, apuesta por la «mejora de la equidad del sistema» evitando el perjuicio que supone para los trabajadores el ser despedidos al final de su vida laboral. Como es sabido, en la actualidad se computan las cotizaciones de los últimos quince años para calcular la pensión, y el Gobierno viene a descartar en su documento, en contra de lo que defienden algunos sectores, que el trabajador pueda elegir esos quince años de aportación de su vida laboral a la hora de jubilarse.
Además, la capacidad de fijación de la base de cotización -de la que los trabajadores autónomos disfrutan en la actualidad- «debe limitarse» para evitar el mecanismo conocido como 'compra de la pensión', es decir, sobrecotizar en los años más cercanos al retiro para que la prestación sea mayor.
Y propone también debatir, de cara a la viabilidad del sistema y a la vista de las reformas de otros países de Europa, cuál debe ser el periodo de cotización para obtener una pensión 'completa', situado ahora en 35 años; o los años de aportación para generar una pensión de jubilación -quince tras la última reforma-. Lo que sí deja claro el documento, para no despertar alarmas innecesarias en un segmento de población muy sensible, es que cualquier cambio que se aplique -entiéndase recorte- no afectará «nunca» a los actuales pensionistas.
La viudedad
En lo que el Ejecutivo ha mostrado una mayor moderación es en la pensión de viudedad, cuya drástica reforma fue ya propuesta en 2003 por el Pacto de Toledo. Pensada para proteger a las familias cuando los varones constituían el grueso de la fuerza laboral, la incorporación generalizada de la mujer al mercado laboral ha propiciado cambios de gran calado en los países europeos. Sin embargo, y con el argumento de que una reforma profunda podría ir en contra de la igualdad de género, su propuesta se limita a sugerir que esta prestación se convierta en una compensación única, o temporal, cuando las convivencias familiares hayan sido breves y no existan hijos.
El documento apunta otras medidas, como la no revalorización de las prestaciones de viudedad de mayor cuantía cuando se compatibilicen con rentas del trabajo.
Propone, así mismo, reforzar las prestaciones de orfandad y las de las viudas con edad más avanzada que no pudieron trabajar en su día. Y aboga por encuadrar en la Seguridad Social a las mujeres que ayudan en los negocios familiares y facilitar fondos de pensiones para ellas.
