La Ley de Dependencia se va haciendo un hueco cada vez mayor en la sociedad guipuzcoana. Ya son 14.054 los ciudadanos que se benefician de ella, 5.000 más que en mayo del año pasado. Al cierre de 2009 las valoraciones oficiales sobre la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia eran esperanzadoras en Euskadi: el Observatorio de la Dependencia concluyó que la forma en que aplica el País Vasco esta disposición es de notable alto, concretamente de 8, la calificación más alta junto con Castilla-La Mancha.
Una visión más local sobre esta ley, creada para proporcionar ayuda a las personas que necesitan de otras para realizar actividades básicas de la vida diaria, arroja una percepción similar en Gipuzkoa: la Ley de Dependencia, con sus carencias de norma recién nacida - vio la luz en 2007 y empezó a andar en enero de 2008- es valorada positivamente por las instituciones y los colectivos de personas afectadas en general. Aún tiene mucho que mejorar, aclaran, pero su trayectoria en el territorio se ve con buenos ojos.
Y son muchos ojos, ya que hoy por hoy, para un total de 701.000 habitantes hay 14.054 dependientes que reciben por lo menos uno de los servicios de prestaciones que prevé la ley. Son 5.000 beneficiarios más que hace apenas medio año y se trata de los dependientes de grado 3 y 2, que son los que por ahora cubre la ley y que responden a aquellos ciudadanos con dependencia severa y gran dependencia.
Habría que sumar, además, los 2.524 dependientes de grado 1, dependencia moderada, aún no acogidos por la ley pero cuya inclusión se espera en los próximos años.
Los ciudadanos englobados y atendidos en los grados más severos suponen el 2% de la población total, por encima de las que reciben atención por situaciones de dependencia en Euskadi (un 1,52%), y de la media estatal (1%). «Gipuzkoa viene destinando durante años muchos recursos a los servicios sociales y, sobre todo, a la dependencia. Y ese esfuerzo ahora se está renovando», aclara Juan Ramón Larrañaga, director de Dependencia de la Diputación.
Larrañaga recuerda que antes de recibir las ayudas debe solicitarse una valoración. Es el primer trámite del proceso, cuando el interesado solicita que se mida su minusvalía con el objetivo de establecer el grado y el nivel de dependencia, baremación de la que deriva el tipo de ayuda que le corresponde a cada persona susceptible de recibir estas subvenciones.
«En Gipuzkoa se han tramitado un total de 43.179 solicitudes de este tipo - el doble de la media estatal-. Es decir, hay 6 solicitudes por cada 100 habitantes, pero hay que matizar que hay personas que han tramitado varias valoraciones, por lo que el número de personas en situación de dependencia es inferior a dicha cifra».
En la lista de espera
Aún así, hay ciudadanos con derecho a recibir la prestación por dependencia de grado 3 y 2 que están a la espera de poder disfrutar de sus ayudas. En Gipuzkoa son en estos momentos 16.460 las personas con dependencia reconocida, lo que supone que 2.406 personas no reciben ningún servicio o prestación previsto por la ley, «bien porque no lo han solicitado, bien porque están a la espera», explica Larrañaga. Esto significa que el 14,6% de las personas con derecho no reciben atención, cifra que crece en Euskadi, donde alcanza al 20,4% de la población y que se dispara en el Estado, con un 36,5% de personas a la cola. «Puede ocurrir que o bien no cumplen los requisitos para acceder a la prestación solicitada o porque su expediente está en fase de tramitación».
Una de las claves por la que la ley se valora positivamente en Gipuzkoa radica en la agilidad del sistema en el territorio. «A pesar de que el territorio registra la mayor tasa de demanda, se ha absorbido y valorado la dependencia en plazos muy rápidos. Concretamente, el tiempo medio que tarda la Diputación en valorar una solicitud recibida desde el ayuntamiento es de 20 días. Ello incluye la citación telefónica, la visita, la cumplimentación de la valoración, la propuesta y la emisión de la resolución al domicilio del interesado».
Este aspecto es importante y también controvertido. De hecho, el secretario de Política Social del Gobierno de Rodríguez Zapatero, Francisco Mazo, aseguró hace menos de un mes que 2010 será clave en el desarrollo de la ley porque a partir de este mes se introducirán novedades para agilizar el sistema de gestión para que sea homogéneo en todas las comunidades autónomas.
Además, se publicará un manual de buenas prácticas en el que se explique con mayor precisión cuáles son las condiciones para establecer los grados de dependencia de los beneficiarios. Sin olvidar que entre 2011 y 2013 se sumarán los dependientes moderados.
Atención en casa
Las prestaciones económicas contemplan tres modalidades. La más numerosa, a gran distancia de las otras, es la que corresponde a las ayudas destinadas a la atención de la persona dependiente por parte de un familiar en su domicilio. Hoy día, 10.650 personas se benefician de esta prestación para cuidados en el entorno. De media, reciben alrededor de 320 euros mensuales.
Cerca de 1.377 guipuzcoanos dependientes perciben una media de 622 euros destinada a la contratación de un asistente personal que facilite el acceso a la educación o el trabajo. El objetivo es que puedan tener una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas en la vida diaria.
Las ayudas vinculadas al servicio, que se conceden en aquellos casos cuando la persona dependiente lleva tres meses en lista de espera para acceder a un centro de día o a una residencia permanente y se ha visto obligada a contratar una plaza privada, son las menos numerosas. Actualmente, las reciben 435 guipuzcoanos por una cuantía media de 586 euros.
En total, durante 2008 la Diputación destinó 150 millones de euros a los dependientes de grados 3 y 2, lo que supone que cada habitante paga 214 euros al año para permitir que la ley se aplique, es decir, siete veces más que la media del Estado.
Asimismo, según datos remitidos por el Departamento de Hacienda de la Diputación, el importe recibido del Estado para la dependencia ese mismo año fue de 20.876.260 euros.
