La nueva ayuda para la Inclusión Social creada en Gipuzkoa nació rodeada de polémica. Se formó tal revuelo que a punto estuvo de crear un conflicto entre el Gobierno Vasco y la Diputación. El mismo día en que este periódico la dio a conocer a la opinión pública, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta, acusó a la Diputación de Gipuzkoa de «romper el sistema vasco de garantía de ingresos».
Tras varios reproches en los medios de comunicación, reunida la comisión interinstitucional para la inclusión social -en la que están representados el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos- todas las partes quedaron en «tratar de armonizar» las prestaciones. Lo que no queda claro es de qué manera.
De momento, el Gobierno Vasco ha anunciado que extenderá la Renta de Garantía de Ingresos para ayudar en la emancipación de los jóvenes que han sido tutelados. En cierta manera, la nueva ayuda para la inclusión de Gipuzkoa, ya contempla una prestación similar para este segmento de población, aunque de menor cuantía que la Renta de Garantía de Ingresos. La decisión de la consejería de Zabaleta podría dejar sin efecto práctico la ayuda de inclusión de Gipuzkoa, en lo que se refiere a la parte destinada a los jóvenes tutelados. De momento, se desconoce si este anuncio servirá para encauzar las aguas de la colaboración institucional o para hacer resurgir las críticas de finales de agosto.
Entonces, la consejera aseguró que la nueva ayuda de inclusión de Gipuzkoa «introduce un claro elemento de desequilibrio interterritorial». Zabaleta se lamentó también de que la Diputación de Gipuzkoa, al adoptar «de forma unilateral» esta decisión, «se desmarcara de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social», aprobada el 23 de diciembre de 2008 en el Parlamento Vasco e impulsada por el tripartito entonces en el Gobierno (PNV-EA y EB) con el apoyo del PSE-EE, entonces en la oposición. En esa ley se fijó el tiempo de un año de empadronamiento para acceder a las ayudas y prestaciones sociales. La nueva ayuda de Gipuzkoa sólo pide seis meses. «No podemos volver a discriminar a la ciudadanía afectada en función del territorio en el que viva», aseguró.
El enfado de la consejera Zabaleta fue mayor por el «agravante» de que el paso dado por la Diputación Foral de Gipuzkoa «se hubiera producido en un contexto de teórica colaboración y coordinación en el ámbito de la comisión interinstitucional para la inclusión social».
La nueva prestación para la inclusión se diseñó durante el año pasado, siguiendo el mandato dado por las Juntas Generales de Gipuzkoa, que en enero de 2008 aprobaron una moción presentada por Aralar (con los votos favorables de toda la cámara y la abstención del PP), en la que se pedía crear una prestación económica destinada a la inserción social de personas que no cumplen los requisitos de la renta básica, «al igual que en el resto de territorios». De hecho, en Vizcaya y Álava existen ya ayudas con una finalidad similar, aunque de cuantía muy inferior (tres veces menor).
«No discriminan»
La respuesta de la Diputación a las críticas del Gobierno Vasco no se hizo esperar. La diputada Maite Etxaniz aseguró que la nueva ayuda «es respetuosa con el sistema vasco de garantía de ingresos y no produce discriminación alguna entre la ciudadanía vasca». Asimismo recordó que «el desequilibrio territorial se daba cuando Gipuzkoa no tenía esta prestación» ya que, tanto Álava como Vizcaya tenían una ayuda con la misma finalidad «que no es igual, pero sí parecida».
El rifirrafe no quedó ahí. Zabaleta siguió firme en sus críticas y señaló que «crear normas al margen del sistema genera pobres de primera y segunda categoría». En el caso de las ayudas similares, aunque de menor cuantía, existentes en Vizcaya y Álava, la consejera explicó que se trata de prestaciones creadas antes de la aprobación de la Ley de Garantía de Ingresos, que trata de corregir «errores del pasado». Asimismo, recordó que el mandato de las Juntas Generales, del que nacen las nuevas ayudas de Gipuzkoa, data de hace 22 meses.
La cuantía que ofrece la nueva ayuda de Gipuzkoa es otro de los focos de discordia. En ese sentido, Zabaleta explicó la situación que puede crear la nueva ayuda si una persona en situación de pobreza que reside en Ermua, donde tendría una ayuda mensual de 162 euros, decide empadronarse en Eibar, donde la Diputación de Gipuzkoa le ofrecería 512, 51 euros.
A pesar del aparente desencuentro, la consejería dirigida por Zabaleta no se cierra a incorporar la nueva ayuda creada en Gipuzkoa al catálogo de prestaciones «de haber consenso político en la comisión interinstitucional para la inclusión social».
