Nacieron casi en silencio. Como por la puerta de atrás. Se supo de ellas tras ser publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) en pleno mes de agosto. No hubo ni ruedas de prensa ni presentaciones ostentosas que, en mitad de una crisis como ésta, otras medidas han merecido. La Diputación de Gipuzkoa creó en la segunda mitad de este año una prestación económica pensando en las familias en situación de pobreza que no consiguen cumplir con los requisitos de acceso a la renta de garantía de ingresos, antigua renta básica. Se trata de una paga mensual destinada a quienes lleven entre seis y doce meses residiendo en el territorio (la renta de garantías de ingresos tiene como requisitos un año en el padrón). Los cálculos de la Diputación hablaban de que la ayuda llegaría a más de 300 familias en todo el territorio. Nada más lejos de la realidad...
En sus tres primeros meses, lo cierto es que esta prestación apenas ha sido demandada. El Departamento de Política Social, de quien depende esta prestación, de momento no está por la labor de ofrecer datos de los expedientes tramitados ni mucho menos de las ayudas para la inclusión social concedidas. No obstante, a tenor del número de familias que se han acercado a la ventanilla de los servicios sociales de base de los dos principales núcleos urbanos de Gipuzkoa, apenas sí ha habido demanda. En San Sebastián, a 15 de diciembre la habían solicitado 15 personas (13 hombres y 2 mujeres). En Irun, desde finales de septiembre solo han tramitado cuatro solicitudes. De todas ellas, en los servicios sociales de ambos ayuntamientos desconocen cuántas han sido resueltas de forma favorable y cuántas no. Como cifra orientativa, en la actualidad existen cerca de 8.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos en Gipuzkoa.
La prestación
Tras su publicación en el BOG, Itziar Usabiaga, directora de Prestaciones, Inserción y Empleo de la Diputación, explicaba los motivos de la creación de la ayuda porque «distintos estudios realizados nos revelaban que existía un número de personas que quedaban sin cobertura en la renta de garantía de ingresos por no cumplir el requisito de un año de empadronamiento. Esta nueva ayuda, en cambio, exige seis meses de residencia».
El perfil de beneficiarios son principalmente «unidades familiares de inmigrantes». La nueva prestación está destinada a hogares cuyos ingresos no superen el importe de la ayuda establecida en el decreto que la regula. La cuantía a percibir en el caso de unidades familiares unipersonales será del 80% de la actual renta de garantía de ingresos, es decir, 512,51 euros al mes durante un máximo de seis meses. Pasado este tiempo, al llegar al año de empadronamiento en Gipuzkoa, si sigue cumpliendo los requisitos de ingresos, el beneficiario pasaría a cobrar la renta de garantía de Ingresos, que asciende al 88% del salario mínimo interprofesional, es decir, doce mensualidades de 640,64 euros para una familia unipersonal.
Tanto en la renta de garantía de ingresos como en la ayuda a la inclusión social la cuantía de la prestación aumenta dependiendo del número de personas a cargo en la familia.
Escolarizar a los hijos
La nueva prestación está regulada por el decreto foral 29/2009 y se solicita en los servicios sociales de base de cada ayuntamiento. Eso sí, las personas que cumplan los requisitos administrativos y de ingresos para acceder a ella deberán asimismo cumplir con obligaciones de comportamiento y hábito de vida. No en vano, la finalidad de esta ayuda es la inclusión social de estas personas que, se supone, están en situación de exclusión.
De entrada, como ocurre con los requisitos de la renta de garantía de ingresos, la nueva ayuda obliga a sus beneficiarios a firmar un convenio de inclusión que abarca aspectos como, por ejemplo, «mantenerse disponible para el empleo tanto el perceptor, como los miembros de la unidad convivencial que se encuentren en edad laboral».
«El convenio se firma en los ayuntamientos y contempla distintas vertientes de proceso de inclusión, dependiendo de cada persona. Puede ser un compromiso de búsqueda de empleo, la deshabituación de malos hábitos mediante un tratamiento, en el caso de los jóvenes seguir unos estudios... Suele depender del contexto y las características de la persona beneficiaria», explicó Usabiaga.
Emancipación de menores
De forma concreta, el decreto foral que regula esta ayuda de inclusión social detalla obligaciones como «no practicar la mendicidad ni permitir o forzar su práctica a otros miembros de la unidad de convivencia». Asimismo, obliga a «escolarizar y poner los medios para garantizar la asistencia efectiva al centro educativo de las personas menores de edad que se encuentren a su cargo».
La nueva prestación tiene una segunda orientación destinada a un «porcentaje de población pequeño», pero no por ello menos importante. Está pensada para «facilitar el proceso de emancipación» de los jóvenes que salen del entorno de protección de menores de la Diputación y que, al cumplir 18 años, tienen un proyecto de vida. La ayuda busca «prevenir situaciones de precariedad y de exclusión social».
Son jóvenes que, llegada la mayoría de edad, optan por vivir de forma independiente. «Se les exigirá un convenio de inserción en el que se contempla un nivel de actividad, bien laboral o formativa». La ayuda se reconoce por seis meses ampliables hasta los 23 años «siempre que se sigan cumpliendo los requisitos del convenio de inserción». Llegada a esa edad, si todavía sus ingresos no son elevados, pueden acceder a la renta de garantía de ingresos, que se otorga a mayores de 23 años.
