El Gobierno se enfrenta al caso de Aminatu Haidar con una máxima: preservar los lazos diplomáticos con Marruecos. Lo que era evidente, a tenor de los pasos dados en los veintiún días que la activista saharaui lleva ya en huelga de hambre, fue verbalizado ayer por el propio José Luis Rodríguez Zapatero, antes de participar en los actos del 31 aniversario de la Constitución, en el Congreso.
«Desde el primer momento trabajamos dentro de nuestra capacidad con unos límites que todo el mundo puede entender», subrayó el jefe del Ejecutivo. Defendió que es su deber mantener «buenas relaciones» con países vecinos con los que España comparte intereses en «muchos campos importantes». La importancia geoestratégica del país magrebí se asienta sobre dos cuestiones claves, al margen de las puramente económicas: la lucha contra el terrorismo internacional y la inmigración clandestina. «A veces surgen dificultades y debe prevalecer el interés general», alegó ayer el presidente.
Apenas un día después de que la diplomacia marroquí acusara a Exteriores de haber embarcado a la activista en un avión medicalizado sin que se le hubiera dado consentimiento para entrar en su territorio, Zapatero eludió la más mínima crítica a las autoridades del reino alauita. Ni de su boca, ni de la de ningún otro miembro de su gabinete, pudieron oírse ayer reproches. Los comentarios eran otros. «Este episodio -señala uno de los hombres de confianza del presidente- hay que interpretarlo en una clave que tiene más que ver con las tensiones entre Marruecos y Argelia».
Aunque el jefe del Ejecutivo negó que se haya tirado la toalla en las gestiones con las autoridades marroquíes, como le acusó ayer el líder del PP, Mariano Rajoy, fuentes gubernamentales alegan que ya no hay nada que rascar. Aseguran que ya se han movido todo los hilos posibles. Zapatero, que el pasado jueves se refirió al asunto como exclusivo del ministro Moratinos, afirmó ayer que «todo» el Gobierno está implicado, pero insistió en que no se pedirá la mediación del Rey.
Lo que se intenta es que Argel -firme defensor de la causa saharaui- suavice la postura de la llamada 'Gandhi' del Sáhara. Porque, aunque desde La Moncloa se afirma que España no tendría responsabilidad jurídica en lo que pueda acaecer a Aminatu Haidar, a nadie se le escapa que un desenlace dramático tendría consecuencias políticas. «Además -subrayan- es una cuestión humanitaria».
Peligra su vida
Llegados a este punto, y después de que los informes médicos hayan puesto de manifiesto lo delicado de la salud de la activista, el Ejecutivo estudia ahora cómo evitar su fallecimiento. Lo cierto es que no hay una opinión homogénea, dentro del gabinete socialista, sobre si es o no posible alimentarla a la fuerza. De hecho, según fuentes del Ejecutivo central, no se descarta que la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, el jefe del aeropuerto de Lanzarote -lleva el ayuno en uno de sus habitáculos- o el médico que le atiende soliciten a un juez la alimentación forzosa.
Haidar rechazó ayer ser sometida a un chequeo médico en una ambulancia medicalizada.
