El lehendakari no es partidario de reformar el Estatuto de Gernika sin un amplio consenso. Patxi López aseguró ayer que «no merece la pena» impulsar un cambio en el texto aprobado hace 30 años si eso supone que obtenga menor respaldo del que obtuvo en el referéndum de 1979.
Con motivo de la celebración de otro aniversario, el de los 31 años de la Constitución española, López habló en Madrid de la norma estatutaria vasca. «No hay ningún texto sagrado», respondió a las preguntas de los periodistas. «Todos los textos se pueden y deben adaptar a las realidades nuevas y a las nuevas necesidades», señaló, pero no de cualquier manera. Para López, cualquier cambio que se plantee en el Estatuto debe nacer de la conformidad de los partidos vascos porque «cualquier viaje» que inicie la norma debe ir hacia adelante, «a conseguir más acuerdo y más entendimiento que el que existe». «Los viajes hacia atrás, con menos consenso del actual, no merecen la pena», remarcó el lehendakari, quien afirmó que el actual marco estatutario fue refrendado por un 80% de los vascos. «Se requiere el clima adecuado», insistió.
Las palabras, pero sobre todo la presencia de López en la recepción del Congreso de los Diputados despertó gran interés. Era la primera vez que un lehendakari acudía a los actos de conmemoración de la Constitución y, junto a su homólogo catalán, José Montilla, otro de los protagonistas del acto, acaparó la atención de los objetivos de las cámaras e incluso de parte del discurso del presidente de la Cámara baja, José Bono.
Negociaciones
López, que llegó al Congreso acompañado por la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, y por los diputados vascos Txiki Benegas y Eduardo Madina, explicó que su presencia en Madrid «es normalidad democrática». Y aseguró que con su presencia en el aniversario buscaba «poner en valor» y «prestigiar» la evolución del país en estas tres décadas y a «los que tanto lucharon y sacrificaron» por conseguir la democracia, «también tantos vascos y vascas». «A las instituciones no nos conviene despreciar esto, sino poner en valor todo lo que hemos conseguido gracias a la Constitución», señaló.
El lehendakari, que dijo ser consciente de las críticas que ha suscitado entre los grupos nacionalistas su visita a Madrid, aprovechó el viaje para expresar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su deseo de que la transferencia de políticas activas de empleo se cierre cuanto antes.
Junto a López, la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, rompió también con la tradición de sus predecesores de no acudir a este acto. «Para una persona de mi edad (36 años), que representa una generación que no tenía conciencia de lo que ocurría en 1978, es necesario poner en valor lo que supuso la Constitución» y celebrar «la capacidad de consenso» que tuvieron sus autores, dejando de lado las posiciones partidistas.
Quiroga expresó, al igual que López, su disposición a realizar reformas en la Carta Magna, pero precisó que cualquier modificación debe ser «leal» a los procedimientos que ésta recoge, y «debería conllevar el mismo consenso, si cabe mayor, que el de 1978».
La reforma de la Constitución no está, sin embargo, entre las prioridades del presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que el texto ha sido «y es muy útil» y por eso «no hay una necesidad imperiosa» de modificarlo. Insistió en que la Carta Magna funciona «en lo sustancial» y que, aunque «como todo, es mejorable, no hay urgencia» de tocarla.
Zapatero, que ensalzó la figura del fallecido Jordi Solé Tura y abogó por recuperar sus valores de voluntad, capacidad de consenso y confianza en las posibilidades de nuestro país en libertad», aseguró que los últimos 31 años «han sido los mejores de la historia de España y, por eso, hoy es un día para sentirnos satisfechos».
El líder del PP, Mariano Rajoy, aludió a uno de los temas candentes, la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, y aseguró que la resolución «está en la ley y en la Constitución», y avisó de que «no llevará a nada bueno» pretender buscar soluciones fuera de estas normas.
Sobre este asunto, se pronunció también uno de sus máximos implicados, el presidente de la Generalitat, José Montilla, quien aseguró que, tal y como pidió José Bono, él respeta las «reglas de juego» constitucionales y al «árbitro» de la Carta Magna, es decir al TC, encargado de resolver el recurso contra la reforma estatutaria de Cataluña. Sin embargo, aseguró que respetar al alto tribunal supone «no bloquear su renovación», como a su entender hace el PP.
