LA FRASES
Las diputaciones de Gipuzkoa y Vizcaya coincidieron ayer en alertar sobre el riesgo de quiebra de las arcas públicas ante la creciente demanda de servicios sociales. La atención a la tercera edad, el acogimiento de menores, la renta básica para colectivos en riesgo de exclusión o la Ley de Dependencia conllevan una factura multimillonaria, absorbiendo cada vez más dinero de los presupuestos forales.
Ante esta situación, el diputado general de Vizcaya y la diputada de Política Social de Gipuzkoa plantearon ayer la necesidad de contar con recursos que no provengan de la Hacienda foral. Los dos posicionamientos, realizados en foros distintos, fueron coincidentes. Josu Bilbao realizó sus declaraciones en una conferencia-coloquio en la capital vizcaína. Maite Etxaniz en la apertura de una jornada sobre la sostenibilidad de los servicios sociales, desarrollada en el Kursaal.
El diputado general de Vizcaya fue claro al proponer la creación de un fondo vasco con nuevos impuestos para afrontar los gastos sociales. Bilbao concretó que este fondo debería constituirse al margen del presupuesto de las instituciones. En su opinión, tendría que ser financiado mediante nuevos tributos o cotizaciones.
Después de recalcar que su propuesta «no pasa en ningún caso por reducir o recortar» las actuales prestaciones, abogó por un «gran pacto político, institucional y social para la sostenibilidad del sistema», que se debería forjar durante 2010 por ser un año sin citas electorales.
La diputada foral guipuzcoana, por su parte, señaló la necesidad de contar con «recursos económicos estructurales estables, que garanticen la calidad y cantidad de los servicios al margen de coyunturas económicas». Etxaniz ya avanzó en los pasados Cursos de Verano este posicionamiento e incluso fue más explícita que ayer en el Kursaal. En septiembre indicó que «quizá debamos revisar nuestra política impositiva en las vertientes en que hagan sostenible el desarrollo social».
Bilbao y Etxaniz utilizaron argumentos similares para reclamar más recursos económicos. El diputado general de Vizcaya indicó que el «crecimiento imparable de las necesidades y demandas nos obliga a plantear públicamente la imposibilidad de mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones si no se toman medidas».
Etxaniz indicó en Donostia que «nos enfrentamos día a día a continuos cambios en las necesidades sociales. Nuevos escenarios que ponen ante nosotros un panorama muy diferente a lo que conocíamos».
Desarrollo normativo
La diputada guipuzcoana indicó que este nuevo escenario viene motivado por el importante desarrollo normativo experimentado en Euskadi en los últimos años. Citó la aprobación de las leyes de servicios sociales, la de garantía de ingresos mínimos y familia, además de la Ley de Dependencia.
A la hora de concretar fórmulas que alivien la presión sobre las arcas públicas, los dos responsables forales aludieron en sus respectivos foros al copago, es decir, el reparto del coste entre el beneficiario y las instituciones.
En este sentido, Etxaniz abogó por definir la participación del usuario en el pago de las prestaciones a las que se accede estableciendo criterios claros. La diputada puso un ejemplo. En el caso de residencias de ancianos, el coste de la atención sanitaria recaería en Osakidetza, los cuidados derivados de la situación de dependencia en la Diputación y el apartado de hostelería en el propio usuario. «Son tendencias que vienen proponiéndose en otros lugares y con la que nosotros nos sentimos identificados», indicó Etxaniz.
La diputada foral guipuzcoana añadió en la jornada del Kursaal que «quizá también deberíamos debatir sobre nuevas fórmulas de financiación no arbitradas en nuestro entorno, pero sí utilizadas en otros países».
Etxaniz explicó que en Francia disponen de sistemas como la Caja de Jubilación y la Caja del Seguro de Enfermedad (mayores y discapacitados) «y así hasta una treintena de acciones que llegan a significar el 5,3% del PIB. En Inglaterra, este tipo de impuestos alcanza el 6,5% del PIB».
En Alemania -añadió Etxaniz- cuentan con el Seguro de Dependencia (cotizaciones de carácter obligatorio a cajas de seguros para este tipo de prestaciones), en las que cotizan pensionistas y desempleados, llegando al 90% de la población.
En otros países, explicó la diputada foral, se ha optado por reservar una parte de los ingresos derivados del IVA para el área social. «En Dinamarca y Alemania se instauró en 1997 un IVA social de 3 puntos porcentuales», concretó.
En Austria, Luxemburgo, Suiza, Bélgica y Lienchestein también tienen sus impuestos ajustados a este tipo de necesidades, aseguró Etxaniz.
El diputado general de Vizcaya propuso el reforzamiento de la lucha contra el fraude como otra medida para reducir los costes sociales, así como la «corrección de las situaciones que permiten ganar más dinero sin trabajar que trabajando. Una economía subsidiada -dijo- es la semilla de nuestra destrucción», por lo que «se debe primar la inserción y no el subsidio».
Bilbao criticó a los legisladores, tanto del Congreso como del Parlamento vasco por aprobar nuevos «derechos» sociales sin tener en cuenta «cómo se iban a financiar y qué institución los tendría que pagar».
Maite Etxaniz, en su conferencia, quiso huir del pesimismo y, si bien admitió que Gipuzkoa se enfrenta a un gran reto, añadió que el sector de los servicios sociales propicia una actividad económica pujante. «Cada euro destinado a este sector tiene un retorno muy elevado. Además, constituye un apreciable nicho de empleo».
