Nuevo golpe para el derrocado Manuel Zelaya. La Corte Suprema de Justicia hondureña ha determinado que el presidente depuesto no puede recuperar el cargo del que fue expulsado el pasado 28 de junio mediante un golpe de Estado, según han informado fuentes judiciales. El tribunal no hará pública su resolución, por lo que la información filtrada se ha conocido a través de una fuente del organismo y de un abogado cercano a este proceso.
Según la Corte, Zelaya no puede ser restituido en su cargo si no se somete a los juicios que tiene pendientes. Con esta decisión ratifica la opinión emitida en agosto en la que aseguraba que "existen acciones penales presentadas contra el mandatario por la Fiscalía General de la República", por lo que, "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".
Zelaya es objeto de una orden de captura acusado de varios delitos relacionados con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una Asamblea Constituyente el 28 de junio, el mismo día en que los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país, y en que el Parlamento designó a Roberto Micheletti en su lugar.
Los magistrados de la Corte debían definir su postura sobre la conveniencia de restituir o no al presidente derrocado y ahora remitirán su opinión al Congreso Nacional, encargado de determinar este asunto en virtud del acuerdo suscrito entre los emisarios del Gobierno 'de facto' y de Zelaya a finales de octubre para poner fin a la crisis política que vive el país. Los parlamentarios tienen fijada una sesión específica el próximo día 2 de diciembre, cuando ya se hayan producido las elecciones generales de este domingo.
La Fiscalía entrega sus conclusiones
Tras saltar la noticia se ha podido conocer que la Fiscalía General de Honduras ha entregado su opinión. El asesor jurídico de la Fiscalía General, Nick Atala, y el portavoz de la institución Melvin Duarte han entregado las conclusiones a la Secretaría General del Congreso.
Se trata de "un estudio jurídico profundo que fue trabajado por dos semanas y cumple con el objetivo de dar la opinión que pidió el Congreso Nacional". Los diputados deberán ahora estudiar el documento, de más de 40 páginas. "No podemos dar detalles del estudio, pero cuando sea discutido por los diputados el pueblo podrá conocerlo y verá que es un estudio jurídico profundo y muy objetivo", ha explicado Atala.
