DV. La defensa del presunto asesino de Nagore Laffage puso por fin sus cartas boca arriba. Dieciséis meses después de que ocurrieran los hechos, el letrado solicitó ayer una condena de siete años de prisión al considerar que José Diego Yllanes cometió un delito de homicidio. El abogado pidió para su cliente la aplicación de cuatro atenuantes. Las acusaciones, por su parte, mantuvieron la imputación de asesinato, si bien el ministerio fiscal rebajó de 20 a 17,6 los años de cárcel que reclama para José Diego Yllanes.
La solicitud de la defensa fue recibida con algunas muestras de desaprobación por una parte del público presente en la sala. Los murmullos que se escucharon llevaron al presidente del tribunal, Francisco Goyena, a efectuar una llamada al orden y pedir a los asistentes la misma actitud de respeto que hasta ahora habían mantenido.
Ayer fue la primera vez que el letrado de José Diego Yllanes calificó el comportamiento de su cliente. Como cabía esperar, y en contra de las tesis de las acusaciones, el abogado estimó que el procesado es autor de un delito de homicidio con atenuantes, las de intoxicación etílica, confesión, obcecación y reparación del daño. Esta última fue incluida después que su patrocinado depositara la semana pasada una fianza de 126.000 euros para indemnizar a la familia de Nagore. El abogado defensor hará públicos hoy los argumentos que le llevan a formular esta petición de condena.
17 años y seis meses
La Fiscalía, por su parte, mantuvo la calificación de asesinato, aunque rebajó dos años y medio la petición de cárcel. El fiscal superior de Navarra, Javier Muñoz, estimó, al igual que el abogado del acusado, que en el caso concurría la atenuante de reparación del daño. «La cantidad que se ha depositado en modo alguno va a compensar el daño que el inculpado ha causado, pero el Derecho Penal contempla esta posibilidad para repararlo», dijo.
La Fiscalía, no obstante, rechazó que concurrieran las restantes atenuantes. «Seamos serios», dijo al referirse a la de la confesión. «Pero qué es lo que el acusado confiesa. Si fue un amigo quien alertó a la Policía de que se había cometido un delito, si fueron unos vecinos de Orondritz quienes llamaron para informar de la presencia del cuerpo en un bosque y si fue su padre quien avisó que lo habían localizado. Lo que el acusado nos dice es precisamente que no se acuerda de nada. ¿Es esto arrepentimiento, una confesión?», se preguntó el fiscal.
El ministerio público atacó con dureza a José Diego Yllanes. Dijo que, después de seis jornadas de juicio, no había la menor de duda que era autor de un delito de asesinato. Manifestó que acabó con la vida de Nagore sin que ella tuviese oportunidad alguna para defenderse. Recordó en este sentido que la golpeó con violencia y repetidamente. «En el informe forense hay toda una página que recoge las lesiones que Nagore presentaba. Sólo hay que ver las fotografías para comprobar la brutalidad y con la que el acusado actuó», añadió.
Sin defensa
«Si Nagore no reaccionó fue porque estaba aturdida como consecuencia de la paliza. Estaba indefensa. Si hubiera estado mínimamente bien, se habría escapado o habría convencido al acusado para que le dejase ir», señaló.
El fiscal superior recordó que la llamada telefónica que la víctima efectuó al 112 en demanda de auxilio era la demostración de que Nagore se hallaba en situación de «absoluto desvalimiento. Si no tenía capacidad para hablar, cómo iba a defenderse», subrayó.
El fiscal negó también que en el momento de los hechos el acusado estuviese afectado por una ingesta de alcohol que perturbara su conciencia. Javier Muñoz apeló, en este sentido, a las grabaciones de vídeo y a las manifestaciones realizadas por las amigas de Nagore, con las que el acusado estuvo antes de los hechos y que, en su opinión, son la prueba evidente de que no estaba borracho.
El representante del ministerio público descartó igualmente la hipótesis de que el inculpado hubiese sufrido un trastorno mental. «No tiene ninguna enfermedad mental, actuó con plena conciencia», e indicó también que tras matar a Nagore actuó con lucidez. «Limpió la casa, recogió los efectos de la fallecida, fue a la clínica en busca del teléfono de un amigo que le podía ayudar. Y no olvidemos que este amigo tenía un todoterreno, un vehículo idóneo para trasladar el cuerpo al monte».
Ocultar el cuerpo
El fiscal prosiguió su relato. «Le amputó el dedo índice de la mano derecha, dejó el cuerpo en una parte del bosque y los efectos de Nagore en otra. Todo ello, con una finalidad, la de ocultar el cuerpo. Esto nos permite concluir que el acusado se encontraba perfectamente y que el alcohol no le producía ningún efecto».
Javier Muñoz manifestó que, probablemente, el acusado actuó como lo hizo después de que Nagore se negase a continuar la violenta relación sexual que iniciaron y le amenazase con contarlo a otras personas. No obstante, el fiscal rechazó que la actuación del inculpado obedeciese a un arrebato. En este sentido, señaló que la amenaza no era un estímulo tan poderoso como para desencadenar tamaña reacción.
La acusación particular que ejerce la familia de la víctima mantuvo la petición de veinte años de cárcel por el delito de asesinato y cinco meses por profanación de cadáver, si bien, alternativamente, en el caso sólo de que el jurado estimase que se trata de un homicidio, pidió quince años. En los mismos términos se manifestó la letrada de las Juntas Generales de Gipuzkoa.
El abogado que representa al Ayuntamiento de Irun solicitó también 17 años por asesinato y cuatro meses por profanación de cadáver. Los abogados del Ayuntamiento de Pamplona e Instituto de la Igualdad de Navarra reclamaron 22 y 20 años por asesinato.
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