El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que se «teme» que Batasuna aproveche la polémica surgida sobre la legalidad del Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel) debido a que este mecanismo ha sido puesto «en tela de juicio».
El ministro consideró que los abogados de Batasuna no sólo estudiarán ir al Tribunal de Derechos de Estrasburgo sino a otros muchos tribunales al estudiar la posibilidad de solicitar la nulidad de recientes operaciones aludiendo la supuesta ilegalidad de Sitel.
«Es evidente que cuando alguien pone en tela de juicio el funcionamiento del Estado de Derecho se arriesga a que los malos lo utilicen», advirtió Rubalcaba, quien insistió en que en España se cumple «escrupulosamente la ley» y que quien duda eso «está facilitando» posibles acciones como la de los abogados de Batasuna.
Sin embargo, el ministro del Interior aseguró que la izquierda abertzale «va a pinchar en hueso» si finalmente acude a los tribunales porque «no va a lograr poner en tela de juicio el trabajo de las fuerzas de seguridad».
Rubalcaba quiso dirigirse a los ciudadanos al afirmar que en España «a nadie se le escucha una conversación telefónica salvo que un juez lo decida», y subrayó que «quien diga lo contrario miente». Así, instó a que «quien tenga alguna prueba que vaya a los tribunales porque es un delito muy grave escuchar conversaciones telefónicas de la gente sin autorización judicial».
Tras indicar que el Sitel está regulado por «una ley orgánica de telecomunicaciones y una ley orgánica de enjuiciamiento criminal», el ministro concluyó que el sistema es «absolutamente legal», algo que, añadió, no dice sólo el Gobierno, sino los jueces, la policía y el Tribunal Supremo en varias sentencias.
«Inmanipulable»
Así, explicó que el sistema de escuchas previo a Sitel se hacía de forma analógica y ahora, con la incorporación del nuevo sistema, de manera digital, cosa que es «inmanipulable». Rubalcaba instó una vez más al PP, como recordó que hizo en agosto cuando la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, acusó al Gobierno de espionaje, a acudir a los tribunales «si tiene una sola prueba» de la ilegalidad de este sistema, pero antes les pidió «responsabilidad».
Sin embargo, argumentó que si el PP no lo ha hecho todavía es que «no tiene» pruebas y que sus acusaciones son «simplemente una mentira que trata de emborronar, de oscurecer un caso de presunta corrupción que afecta a dirigentes y militantes de su partido». EP
