DV. La controvertida reforma de la ley del aborto remitida al Congreso por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuenta con un nuevo aliado. El PNV, que históricamente ha dejado libertad de voto a sus diputados en asuntos que afectan a la libertad de conciencia, votará en bloque en esta ocasión. El Euzkadi Buru Batzar comandado por Urkullu ha impuesto la disciplina de partido en torno a la decisión que consensúe la dirección jeltzale, con el argumento de que en un debate social de calado como éste el partido debe posicionarse con claridad.
Los peneuvistas adoptarán formalmente la determinación antes del próximo martes -el día que finaliza el plazo para presentar enmiendas de totalidad al proyecto-, pero, sin embargo, es ya un hecho que no registrarán la suya. En consecuencia, los seis representantes del partido en la Cámara baja respaldarán la polémica modificación legal, que establece la libre interrupción del embarazo hasta la semana catorce de gestación y da la posibilidad a las adolescentes de 16 y 17 años de abortar sin el permiso paterno, un extremo que suscita mucha más controversia y dudas en las filas jeltzales. Cabe la posibilidad, por tanto, de que la formación de Urkullu intente eliminar del texto final de la ley la libertad de elección de las menores de edad, más partidario de que, en ese supuesto, el personal sanitario informe personalmente a la joven en cuestión y a sus padres.
Aunque la postura del PNV pueda sorprender en principio por la tradición democristiana y católica del partido, no resulta tan chocante si se sigue la trayectoria peneuvista en torno a la reforma abanderada por la ministra Bibiana Aído. En la única votación que se ha producido en el Congreso hasta ahora, los jeltzales votaron en contra de la moción presentada por UPN que pedía frenar la tramitación parlamentaria hasta que se alcanzase un amplio consenso social y político. El diputado Agirretxea manifestó entonces que su grupo podía respaldar la modificación de la normativa actual por razones distintas a las del Ejecutivo socialista.
El informe de Uria
Más significativo resulta aún que fuera la peneuvista Margarita Uria la ponente del informe del Consejo General del Poder Judicial favorable al entonces anteproyecto de ley. Los veintiún vocales del organismo rector de los jueces fueron incapaces en julio pasado de dar el visto bueno al texto: la abstención del representante propuesto por CiU hizo imposible el quórum y no deshizo el empate entre los vocales del PP, con los que se alió el presidente del órgano, Carlos Dívar, por un lado, y los del PSOE y Uria, por otro.
No obstante, dado lo delicado del asunto y la posible confusión interna que podría haber generado una decisión no suficientemente razonada, el EBB ha elaborado un informe en cuya redacción ha participado un nutrido grupo de especialistas que ha dado su opinión sobre los aspectos médicos, jurídicos, éticos y religiosos de la nueva ley. La Asamblea Nacional del PNV tuvo ocasión de conocer el documento, que se preparó durante meses antes del verano, en su reunión del pasado sábado. La conclusión viene a ser más bien de carácter práctico e incide en la posibilidad de paliar la inseguridad jurídica y sanitaria que provoca la consideración del aborto como delito excepto en los tres supuestos conocidos.
