V iene la pregunta al hilo del reportaje publicado por DV el pasado lunes («Las familias españolas invierten...», 12-10-2009) sobre la financiación universitaria, así como el editorial al respecto («Universidad eficiente»). Tal y como se desprende del reportaje y del editorial, en España los estudios universitarios se han extendido a amplias capas de población y ello ha sido posible gracias a que la administración se ha hecho cargo del grueso del coste de los estudios, en beneficio de las familias. Pero junto a los beneficios que se derivan de ello, también se han producido contrapartidas. Al haber tantos titulados universitarios, el título universitario se ha devaluado, lo que se traduce en mínimas diferencias salariales entre los titulados y el resto de la población. Además, se han sacrificado los estudios de componente más profesional, con las limitaciones que ello acarrea a la hora de satisfacer las necesidades reales del mundo productivo, sobre todo en el sector industrial. El análisis, correcto en lo sustancial, requiere importantes matices.
No se suele valorar como merece lo que ha supuesto la gran extensión de los estudios universitarios a amplias capas de población. La gran mejora en las condiciones de vida de la población española registrada en los últimos 25 años se ha debido, en gran medida, a ese factor. Los retornos de las inversiones en formación universitaria para los individuos, el conjunto de la sociedad y las arcas públicas han sido enormes. Un estudio realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas para la Universidad del País Vasco lo ilustra con cifras contundentes. Baste un dato sintético: por cada euro gastado en la universidad, la administración recauda 2'4 euros en impuestos, con todo lo que ello conlleva. ¿Quiere esto decir que no deban introducirse modificaciones en el esquema vigente? La respuesta es que sí. Pero vayamos por partes y empecemos por los matices.
¿Hay demasiados titulados universitarios en la población española? Quizás no. Es cierto que no todos los universitarios trabajan en puestos para los que se requiere ese nivel de estudios. Y es cierto que, por ello, el título se ha devaluado en cierta medida. En una primera aproximación parece claro que sería mejor que estudiasen menos en la universidad. Pero eso no está tan claro. Por un lado, no hay que menospreciar el valor que aporta al conjunto de la sociedad el contar con una población con tan alto nivel de formación. La población más formada suele estar también mejor informada y suele contar con mejor criterio. Es más crítica y más exigente. Eso es importante en términos de calidad de gobierno, y de cohesión y progreso social, aunque estos efectos sólo se manifiestan a largo plazo. Además, si de optar se trata y desde un punto de vista de estricta utilidad, probablemente es mejor que sobren titulados a que falten. Si sobran, «sólo» se derivan los perjuicios antes señalados. Pero si faltan, es el entramado social el que se resiente en su conjunto. Pensemos en lo que ocurre ahora con el déficit de personal sanitario y lo que ocurrirá pronto, de modo similar, en la educación o en los ámbitos técnicos.
¿Debieran optar los jóvenes en mayor medida por estudios de formación profesional? Según de donde salgan esos jóvenes. Por las razones apuntadas antes, no está claro que el número de titulados universitarios en la población sea excesivo. Pero además, hay que tener en cuenta que más de una tercera parte de los que acaban los estudios obligatorios no sigue estudiando. Ahí hay una importante cantera potencial que debiera ser explotada. En otras palabras, debiéramos tratar de que cada vez más jóvenes opten por cursar estudios superiores, universitarios o no. Es el segmento de la «no formación» el que hay que reducir, en vez de plantear la opción entre unos estudios superiores y otros. Y esto debiera complementarse con una mayor permeabilidad entre modalidades de estudios, de forma que no existan compartimentos formativos aislados. Además, la universidad quizás no dé un trabajo mejor remunerado mañana, pero ofrece más flexibilidad y posibilidades de progreso a largo plazo, aunque luego no todos las aprovechen. Y los jóvenes que cursan bachillerato lo perciben así.
¿Debe recaer el grueso de la formación universitaria en la administración, como hasta ahora? Mi respuesta es que no, sino que debiera realizarse una reforma progresiva en los esquemas de financiación universitaria. El actual modelo es socialmente injusto, porque todos los ciudadanos (que pagan impuestos) pagan los estudios universitarios de un grupo que, aun siendo numeroso (cerca de la mitad de cada generación en el País Vasco), no deja de proceder de los sectores sociales más favorecidos. Esa es una razón de peso para reformar el sistema. Otra razón, relacionada con la anterior, es que quien posee un título universitario percibe rentas más altas en general que quien no lo posee, incluso si los títulos están devaluados. Y una tercera razón es que es bueno que se tenga conciencia de lo que cuestan las cosas.
No obstante lo anterior, tampoco hay que exagerar, porque también quienes no van a la universidad se benefician de su existencia y de que otros sí vayan. Por lo tanto creo que la mejor vía para resolver esta complicada ecuación pasa por una elevación paulatina de los precios que se cobran a los estudiantes, acompañada de una elevación del número y cuantía de ayudas (becas) al estudio, junto con la implantación de un sistema de créditos blandos a reembolsar, de forma flexible, tras empezar a trabajar y a cobrar. El objetivo debiera ser que el Estado pagase la mitad y el estudiante la otra mitad. Y sin olvidar, como antes he señalado, que el enemigo a batir es la «no formación», y no su «exceso».
