La detención ayer de dirigentes de Batasuna cuando planeaban «renovar» la Mesa Nacional de la coalición ilegalizada, es la tercera operación en dos años que frustra los planes de la izquierda abertzale de reconstruir su cúpula, y se produce en un momento en el que la estrategia política de la izquierda aber-tzale ha sido cuestionada por la dirección de ETA, que a su vez ha visto cómo sus principales líderes han sido detenidos uno tras otro. Al igual que en esta ocasión, el pasado mes de enero, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la detención de varios dirigentes de Askatasuna y Demokrazia Hiru Milioi y les imputó un delito de «integración en banda terrorista». Dos meses después quedaron en en libertad bajo fianza de 6.000 euros acusados de «burlar la ilegalización de Batasuna» al intentar crear esas organizaciones que fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo en febrero y cuyas actividades fueron suspendidas inmediatamente después por el propio magistrado. El pasado septiembre el juez ordenó que sean juzgados.
Y hace ahora dos años, el 4 de octubre de 2007, fueron arrestados también por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón veintirés miembros de la Mesa Nacional de Batasuna -elegida en 2006- mientras mantenían una reunión en Segura para debatir la renovación de su cúpula , tras lo que dictó prisión incondicional para diecisiete de ellos.
En esa ocasión la operación policial se desarrolló en el marco del sumario 35/02, que instruía Garzón y que investigaba la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la organización terrorista a través de las herriko tabernas controladas por la formación abertzale.
El 26 de agosto de 2002, y dentro de ese mismo sumario, Garzón había decretado ya la suspensión de actividades de Batasuna, siete meses antes de que fuera ilegalizada por el Tribunal Supremo en marzo de 2003. En enero de 2006 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que sustituía a Garzón, renovó por dos años la suspensión de actividades de Batasuna.
Garzón levantó en enero de 2008 dicha suspensión de actividades, ya que esta medida sólo puede mantenerse por ley por un periodo máximo de cinco años, aunque el juez advirtió de que la ilegalidad del partido impedía a sus integrantes realizar cualquier tipo de actividad política. El 1 de abril de 2008, Garzón dio por concluido el sumario 35/02, en el que están procesadas 41 personas, entre ellas el propio Arnaldo Otegi, a la espera de la celebración del juicio.
