José Luis Rodríguez Zapatero ya tiene listo su 'regalo' para Barack Obama. El jefe del Ejecutivo comunicará el próximo martes en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos su decisión de acoger a varios de los prisioneros de Guantánamo que han solicitado recalar en España para colaborar a su cierre. No serán, según fuentes gubernamentales, más de tres personas, pero la noticia llega en un momento propicio para la Administración demócrata. Hace apenas una semana su portavoz tuvo que reconocer que será difícil, por no decir imposible, cumplir los plazos que Obama había fijado para desmantelar la prisión alegal: el 22 de enero.
La cuestión es problemática porque entre las filas del partido demócrata se ha instalado cierta sensación de que su líder no es capaz de hacer progresar su propia agenda. No ha conseguido consenso interno entorno a la reforma del sistema sanitario y cala el temor de que su compromiso con Afganistán conduzca a un callejón sin salida en una guerra imposible de ganar. Es difícil pensar que el hecho de que España se haga cargo de un par de prisioneros sirva para acallar críticas. Pero el Gobierno español considera que se trata de un gesto de gran importancia «política».
Lo cierto es que otros países europeos han aceptado ya, sin grandes aspavientos, a antiguos recluidos en Guantánamo. Irlanda y Bélgica accedieron a hacerse cargo de dos; Francia, de uno; Italia, de tres. Se trata en todos los casos de presos que no habían sido acusados de delito alguno en Estados Unidos. Hace cuatro meses el enviado especial de la Administración estadounidense Daniel Fried solicitó a España que acogiera a cuatro, después ampliaría la solicitud a cinco, pero el proceso de aceptación o descarte ha llevado su tiempo.
Los ministerios de Justicia e Interior tuvieron que revisar que los candidatos no tenían ningún antecedente penal o causas abiertas en España. La Policía y la Guardia Civil rastrearon sus bases de datos para confirmar que no aparecían en investigaciones sobre redes yihadistas y que nunca mantuvieron contactos directos o indirectos con sospechosos de militancia radical residentes en España. Y Exteriores se dedicó a verificar que no tuvieran asuntos judiciales pendientes en el resto de estados que pudieran provocar reclamaciones de extradición. En su día, el jefe de la diplomacia española calculó que el proceso duraría unas pocas semanas. El asunto se ha demorado bastante más, de modo que Zapatero podrá llevar la decisión en mano al despacho oval. COLPISA
