DV. Amnistía Internacional consideró ayer «inadmisible» el régimen de incomunicación a personas detenidas y reclamó a las autoridades españolas que pongan fin a esta práctica que, según denunció, «puede utilizarse para ocultar violaciones de derechos humanos».
La organización denuncia en el informe 'España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación' la legislación que permite que «una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro». Considera que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, que permite mantener incomunicado a un detenido hasta 13 días en caso de ser sospechoso de un delito de terrorismo, «niega a la persona el derecho a un juicio justo» y «no se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos».
Para Amnistía Internacional, el propio sistema de detención «puede constituir en sí mismo trato cruel, inhumano o degradante», y recuerda, además, que las denuncias de torturas o malos tratos de «muchas personas» arrestadas en este régimen «raras veces se investigan».
«La persona no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección, y su familia vive con la angustia de no saber lo que le ha ocurrido», reprocha la organización de defensa de los derechos humanos, que asegura que España «es el único país de la Unión Europea» donde sigue vigente un régimen de detención con «restricciones tan severas de los derechos de la persona».
Amnistía rechaza las razones aducidas por el Gobierno español para justificar dicha normativa (seguridad nacional y pública) y reclama a las autoridades que la deroguen.
Además, en el informe instan a España a que se permita a todos los detenidos hablar con un abogado de forma confidencial -sin presencia de policías-, a que los arrestados cuenten con un abogado de su elección, que sean examinados por un médico también de su elección y que puedan comunicar a su familia su detención y el lugar donde se encuentran.
También reclaman la colocación obligatoria de sistemas de grabación de vídeo y audio en los lugares donde estén los detenidos, y la rápida investigación, «exhaustiva e imparcial», de las denuncias que se presenten de torturas o malos tratos.
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