La organización Amnistía Internacional ha denunciado el régimen de incomunicación de algunos detenidos que existe en España, y ha criticado que la falta de transparencia se pueda utilizar "para ocultar violaciones de derechos humanos." Lo ha hecho en su informe 'España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación'.
"Es inadmisible que en la España actual una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro", ha señalado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
En el informe mantienen que España tiene uno de los regímenes de detención más estrictos de Europa, y que éste incumple las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal española permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta cinco días en todos los casos y hasta trece si es sospechosa de delitos de terrorismo. Ese periodo de trece días se compone de una fase de hasta cinco días de incomunicación bajo custodia policial, que puede prorrogarse otros cinco días de incomunicación en prisión provisional.
Además, según Amnistia, en cualquier momento de la instrucción el juez puede imponer tres días más de detención en régimen de incomunicación. "Durante su detención en régimen de incomunicación, la persona no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección", ha advertido Nicola Duckworth en una nota de prensa distribuida hoy por la organización, y ha asegurado que "muchas personas" detenidas en régimen de incomunicación afirman que han sido sometidas a tortura o malos tratos, "aunque raras veces se investigan tales denuncias."
Abolir la legislación
AI ha recordado que diversas organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el riesgo de malos tratos que entraña la detención en régimen de incomunicación. Ha citado en ese sentido el caso de Mohamed Mrabet Farsi, detenido por cargos de terrorismo el 10 de enero de 2006 en su casa, cerca de la ciudad de Barcelona. Durante su detención en régimen de incomunicación no pudo llamar a su abogado, según Amnistía, que asegura que fue torturado y maltratado, "pero tanto el médico que lo examinó como el juez de instrucción hicieron caso omiso de sus quejas", dice esta organización. Nicola Duckworth ha observado que ningún otro país de la Unión Europea conserva un régimen de detención con restricciones "tan severas" de los derechos de la persona detenida.
La organización internacional ha instado a las autoridades españolas a abolir la legislación que hace posible la detención en régimen de incomunicación; y a permitir a la persona detenida hablar con un abogado confidencialmente y sin que se hallen presentes agentes de policía. Ha solicitado también que se permita a toda persona detenida contar con un abogado de su elección, que esté presente durante su interrogatorio; que se permita al detenido ser examinado por un médico de su elección; y que se le permita también comunicar a su familia su detención y el lugar donde se encuentra.
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