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El Tribunal Superior de Valencia archiva la causa por los trajes regalados a Camps

POLÍTICA

El Tribunal Superior de Valencia archiva la causa por los trajes regalados a Camps

La sala dice que el líder valenciano no podía favorecer a las empresas de Gürtel. El Gobierno anuncia que la Fiscalía recurrirá ante el TS la decisión judicial

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La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana (TSJCV) ordenó ayer al juez instructor, José Flors, el archivo definitivo de la causa abierta por cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes o ex altos cargos públicos vinculados al PP. Todos ellos eran investigados por recibir múltiples regalos, trajes y complementos en su mayoría, de empresas del caso Gürtel, la presunta trama corrupta dirigida por Francisco Correa y liderada en Valencia por Álvaro Pérez, El bigotes. La sala aceptó la práctica totalidad de los argumentos y peticiones de las defensas y rechazó todas las de la Fiscalía y la acción popular, que pretendían continuar la instrucción penal y ampliarla a las personas que pagaron los regalos. El Gobierno, sin embargo, anunció ayer que la Fiscalía recurrirá el fallo en los próximos días ante el Tribunal Supremo.
La resolución del TSJCV deroga el auto dictado en mayo y confirmado en julio por el instructor, que abrió una investigación penal contra los cuatro imputados por considerar que existían «indicios racionales suficientes» para achacarles un delito de cohecho impropio y detalló hasta once hechos que lo sostenían. El juez consideró «una realidad muy probable» que los investigados no hubiesen pagado los trajes, pese a que ellos mantienen lo contrario, y descartó que los regalos fuesen un simple detalle social por las personas de que se trataba, el valor de los objetos, la reiteración con que los recibían y el probable interés del oferente por ganarse su gratitud.
Sin embargo, la sala, presidida por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps definió en público como algo más que un amigo, concluyó ayer que los hechos por los que son investigados el presidente valenciano, el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Costa, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret no constituyen un delito de cohecho impropio. Este tipo delictivo, recogido en el artículo 426 del Código Penal, castiga con multa a «la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fuesen ofrecidos en consideración a su función».
El auto del tribunal señala que, aunque los cuatro imputados hubiesen recibido los regalos, no existe delito alguno porque ni Camps ni los otros investigados, pese a ocupar los más altos cargos del Gobierno, podían desde sus puestos hacer favor alguno o asignar de forma directa concesiones a la trama de Correa, ni consta que interviniesen en las adjudicaciones por valor de más de seis millones de euros que organismos de la propia Generalitat dieron a estas compañías entre 2005 y 2007.
Nexo regalo-función
La sala, en contra de lo mantenido por la Fiscalía y el instructor, considera que lo descrito en el artículo 426 no se puede aplicar «de forma automática» a Camps, Campos y Betoret, aunque todos recibiesen regalos caros y fuesen «autoridad o funcionario público» en el momento de los hechos denunciados, porque para que se produzca el delito deben recibir las «dádivas» en consideración a «actos propios de su función». Es decir, de su «competencia como autoridad». Dice que este «nexo causal» entre regalo y función no existe porque no eran competentes para realizar las adjudicaciones y la trama corrupta, por tanto, no tenía nada que agradecerles o por qué agasajarles, aunque de hecho lo hiciese.
El tribunal no sólo declara el archivo por no ver delito alguno sino que cree que con lo investigado tampoco «cabe descartar de forma absoluta otras versiones» distintas a la defendida por José Flors. En otras palabras, que dice puede ser cierta la versión defendida por Camps y el resto -que pagaron los trajes-, por las «contradicciones» observadas en las declaraciones del sastre José Tomás y por algunas irregularidades de las facturas y contabilidad de las sastrerías madrileñas.
Esta interpretación de la ley ni siquiera logró la unanimidad del tribunal. Sólo fue defendida por De Rúa y Francisco Ceres. El tercer magistrado de la sala, Juan Montero, votó en contra del archivo de la causa y reclamó la continuación de la investigación penal de todos los imputados, menos de Costa, porque «no estoy convencido de que los hechos imputados no sean delito», explicó en su voto particular.
Montero argumenta que para mantener la investigación abierta basta con que haya sospechas de delito, pero que para archivarla hace falta «la seguridad (en sentido jurídico) de que los hechos no son constitutivos de delito», algo que entiende que no ocurre.
Qué magistrados tienen la razón lo dirá dentro de unos meses la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tendrá que revisar el auto de archivo de la causa por el recurso que planteará el PSOE, que ejerce la acción popular, y la Fiscalía, según anunció ayer María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta primera expresó ayer desde Costa Rica su «respeto» a la decisión judicial del tribunal valenciano, al tiempo que pidió al líder del PP, Mariano Rajoy, «menos gracietas» con este caso y «más respeto a todos los ciudadanos». De la Vega emplazó a los populares a juzgar si su actuación ha sido «el mejor ejemplo» para la sociedad. COLPISA
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Camps, a su llegada ayer a la Generalitat valenciana. /EFE
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