NUEVO FRAUDE EN LA HACIENDA GUIPUZCOANA
Están imputados de presuntos delitos contra la Hacienda pública, cohecho y prevaricación y causar a la Agencia Tributaria un perjuicio de casi tres millones. Para la Hacienda de Gipuzkoa el caso no tendrá repercusiones económicas
Víctor Bravo, saludando a los periodistas a la salida de la comisión de investigación sobre el presunto fraude de Irun en las JJ GG, en junio del pasado año. /MICHELENA
DV. La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián que imponga una fianza conjunta de 2.943.426,43 euros a Víctor Bravo, ex director de Hacienda, y a las otras cinco personas denunciadas junto a él por dicha Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda pública, cohecho, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. El perjuicio económico causado a la Hacienda estatal se estima en casi tres millones de euros en la tributación del Impuesto de Sociedades y del IVA, cantidad similar a la fianza solicitada. Por el contrario, el caso no tendrá consecuencias económicas para la Hacienda de Gipuzkoa, según confirmó el titular de este departamento, Pello González.
En el caso de que dicha fianza no fuese abonada en el plazo que estableciese el Juzgado, el ministerio público pide que se proceda al embargo de los bienes de los acusados y de los pertenecientes a la empresa Glass Costa Este Salou, S.L., a la que están supuestamente vinculados todos ellos y en torno a la cual giran todas las denuncias.
Como ya adelantó ayer DV, la Fiscalía acusa a Víctor Bravo, también ex senador por el PNV, de permitir que Glass Costa Este Salou, empresa inmobiliaria y de la construcción con sede en Cambrils (Tarragona), se acogiese a «cuantiosos beneficios fiscales» que, de acuerdo con la normativa en vigor, estarían reservados sólo a compañías radicadas en Gipuzkoa. Esta acusación incluye también a Rufino Eizaguirre, socio del anterior y que fue jefe de la oficina técnica del entonces diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri -no como cargo de confianza sino por promoción administrativa-.
Para ello, precisa la Fiscalía, simularon que el domicilio fiscal de la citada empresa estaba ubicado en San Sebastián, en la sede del despacho de consultores Alt Norte, y que el administrador único de la compañía catalana y su esposa residían sucesivamente en dos viviendas propiedad de Víctor Bravo y de su esposa en la capital donostiarra. A cambio, añade el fiscal, Bravo y Eizaguirre habrían sido compensados con el 7% de las participaciones de Glass Costa Este Salou, cabecera del Grupo F&G, con sede también en Cambrils y que según la Fiscalía controla el 100% de las 18 sociedades que conforman este grupo inmobiliario.
Régimen fiscal beneficioso
El ministerio público precisa también que, en febrero de 2002, Víctor Bravo y Rufino Eizaguirre dictaron la orden que permitió a Glass Costa Este Salou acogerse al Régimen Fiscal Especial de Sociedad de Promoción de Empresas del Impuesto de Sociedades, y beneficiarse igualmente de un sistema específico de este impuesto en materia de fusiones, escisiones, aportación de activos y canje de valores, que le reportó a dicha empresa grandes beneficios económicos.
Como consecuencia, la Fiscalía de Gipuzkoa ha presentado una denuncia contra Víctor Bravo por su presunta participación en cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía imputa los mismos delitos a Rufino Eizaguirre.
Asimismo, el Ministerio Fiscal incluye en la denuncia a otras cuatro personas, entre ellas la esposa de Víctor Bravo, Arantza Arbelaitz -entonces presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Diputación foral-, y el administrador único de Glass Costa Este Salou, F. I. G. E., si bien les imputa sólo los delitos contra la Hacienda pública. Con iguales delitos son imputados asimismo Y. Z. G., esposa del administrador único de Glass Costa Este Salou, y J. J. O., administrador del despacho de asesores Alt Norte de San Sebastián.
Igualmente, el fiscal estima en casi tres millones de euros -cantidad muy cercana a la fianza solicitada- el importe de los perjuicios económicos ocasionados por los imputados a la Hacienda del Estado, tanto en la tributación del Impuesto de Sociedades como en la del IVA a través de Glass Costa Este Salou.
Por lo que respecta a la Hacienda de Gipuzkoa, el diputado titular de este departamento aseguró a este periódico que en principio los presuntos delitos denunciados por la Fiscalía no tendrán repercusiones económicas negativas para nuestro territorio, pues «el fraude no está en Gipuzkoa sino ante la Agencia Tributaria estatal, dado que la empresa en cuestión nunca tendría que haber estado registrada en Gipuzkoa sino en Tarragona».
«El fiscal en su denuncia -señaló Pello González- es claro, en la medida que ha comprobado que, efectivamente, en Gipuzkoa no hay ningún empleado ni actividad que corresponda a esa empresa, cuya sede y el domicilio del administrador los imputados atribuyen a San Sebastián».
Nuevas diligencias
Por último, el ministerio fiscal solicita al Juzgado la práctica de numerosas pruebas de investigación, entre ellas la toma de declaración «en calidad de imputados» a los seis acusados. Todo ello sin perjuicio, advierte, de que si a resultas de las investigaciones practicadas se dedujese la participación de otras personas, también éstas sean judicialmente imputadas.
También se requiere a la Ertzaintza para que investigue y aporte las certificaciones mercantiles o de cualquier otro tipo sobre las empresas Glass Costa Este Salou y Alt Norte, sus representantes legales, participaciones societarias y valor, etc. De igual forma, la Policía Autónoma deberá aportar, a través de la Hacienda foral, expedientes administrativos, actas y declaraciones fiscales relacionadas con el caso, e investigar el patrimonio y capacidad económica de todos los imputados, no sólo en Gipuzkoa sino también fuera del territorio.
