SANIDAD
Se contrataron servicios con empresas de las que eran socios tres médicos del Servicio Vasco de Salud. Sanidad encarga un análisis exhaustivo al Tribunal Vasco de Cuentas
Jesús María Fernández y Rafael Bengoa, ayer en Vitoria. /BLANCA CASTILLO
DV. El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ha detectado «graves irregularidades» en el proceso de contratación de servicios a varias empresas privadas propiedad de tres médicos del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza.
Un informe preliminar establece que estas irregularidades podrían haber causado un importante perjuicio económico a las arcas públicas. Sanidad ha abierto expediente informativo a estos tres médicos, el ya ex jefe de Calidad de Cruces, José Carlos Margüello, y a sus socios y también facultativos Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga. Todos ellos son socios, y dos además apoderados, de las empresas Medical Dom, Recard 2000, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, Rehabilidom y la UTE Gestión XXI, Indautxu y Rehabilidom.
Estas compañías han venido trabajando entre los años 1997 y 2008 con Osakidetza mediante la prestación de servicios como la atención urgente domiciliaria en Álava, Vizcaya y Gipuzkoa, o la derivación de pacientes incluidos en las listas de espera quirúrgica y ambulatoria de Vizcaya.
El informe constata, entre otras, la decisión del anterior consejero del ramo, Gabriel Inclán, de aumentar un 40% en dos años las tarifas que cobró una de estas empresas a Osakidetza en contra de la opinión de la Oficina de Control Económico (OCE), aunque evita realizar juicios de valor sobre la responsabilidad política de Inclán y su equipo de trabajo en este tipo de irregularidades.
«Nosotros valoramos hechos, hacemos un diagnóstico y le damos un tratamiento, pero no entramos en juicios ni rumores. Lo que existe es un informe con datos de irregularidades y ustedes podrán llegar a sus conclusiones», dijo el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa.
Esta posición explica la decisión del Departamento de Sanidad de derivar el caso al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) para que realice «un análisis exhaustivo y en profundidad de las diversas responsabilidades y perjuicios en que pudieran haberse incurrido» y dejar en manos del Parlamento Vasco la creación de una comisión de investigación que determine responsabilidades políticas.
Junto a ello, y según informó Bengoa, Osakidetza dejará de utilizar los servicios de la UTE Gestión XXI, Indautxu y Rehabilidom para gestionar las listas de espera de Vizcaya, suspenderá el aumento de las tarifas de la firma Medical Dom y abrirá un expediente informativo a los tres médicos citados. Este expediente podría llevar en función de sus resultados hasta la expulsión de los médicos.
Posibles sobreprecios
Bengoa convocó ayer por la tarde una rueda de prensa para presentar los resultados del informe o investigación encargada a inspectores de Osakidetza a raíz de los hechos denunciados a mediados de mayo por un periódico. Y Sanidad considera «irregularidades graves» algunos de los hechos y procedimientos administrativos revelados por dicho informe.
La investigación evidencia en primer lugar la falta de algunos documentos necesarios para la firma de contratos entre la Administración y la empresa privada, como son las declaraciones de capacidad y compatibilidad o el informe de la Oficina de Control Económico (OCE), e incrementos de tarifas muy superiores a la media y por encima de lo estipulado en los contratos.
Un ejemplo de este último caso fue el aumento en 2007 de un 48% de las tarifas cobradas por Medical Dom para prestar atención domiciliaria urgente en domicilio en Vitoria e Iruña de Oca (Álava) o la orden del ex consejero Inclán de incrementar un 19% en 2008 y otro tanto en 2009 las tarifas de la misma empresa por prestar el mismo servicio en Álava pese a la opinión contraria de la OCE.
Este órgano de control emitió un informe que considera el incremento de tarifas para 2009 no justificado de forma suficiente. Esta misma situación se repite en relación con otros contratos suscritos.
Asimismo, la investigación ha permitido detectar la utilización poco justificada de procedimientos urgentes para la adjudicación de contratos y la concesión irregular de una licencia de apertura y funcionamiento a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI.
Responsabilidades
La licencia se concedió por parte del director territorial de Sanidad de Vizcaya sin que conste el preceptivo informe y acta de inspección de la empresa. Además, tuvo lugar después de que el mismo director rechazara la concesión de la licencia debido a que la actividad de la empresa solicitante de la misma, la intermediación en la gestión de servicios sanitarios, no está sujeta a autorización ni homologación.
«El informe identifica una serie de circunstancias que indican, además de una conculcación del procedimiento administrativo, posibles responsabilidades de otra índole, así como un probable perjuicio económico para el Departamento de Sanidad», concluyó el consejero.
Eso sí, no quiso entrar en juicios sobre responsabilidades políticas o penales, y dijo que este ejercicio corresponde al TVCP y al Parlamento Vasco.
