ECONOMÍA
La empresa tiene una deuda de 14 millones y está inmersa en un ERE y bajo administración judicial. Deja en la calle a 47 trabajadores y abandona su traslado a Araso
DV. Porcelanas Bidasoa echa el cierre. La emblemática empresa irundarra presentó ayer a sus trabajadores un proceso de liquidación que pondrá fin a 75 años de historia y dejará en la calle a los últimos 47 empleados que quedan en plantilla y que ya estaban sumidos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal desde el 30 de marzo. La decisión debe ser aprobada aún por el juez que instruye el procedimiento concursal en que está inmersa la compañía, aunque todo apunta que la empresa está abocada a la desaparición.
La compañía, que lleva años en crisis y se encuentra bajo administración judicial, acumula una deuda de más de 14 millones de euros. Las actuales instalaciones de la empresa en el barrio de Ventas se convertirán en no mucho tiempo en una zona residencial, gracias a una operación urbanística de la que debería salir el dinero para hacer frente a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social y al pago de las indemnizaciones pertinentes a los trabajadores.
Una operación que es fuertemente criticada por los empleados, que consideran que el cierre del fabricante de vajillas de alta gama obedece a un «pelotazo inmobiliario».
Aunque no hay fecha definida para el cierre, fuentes cercanas al caso señalan que el proceso de liquidación podría prolongarse hasta septiembre u octubre, fecha en que la firma desaparecería definitivamente. De momento, los trabajadores asumen que no van a cobrar sus sueldos de junio ni la paga extra de verano. Además de la deuda acumulada, la empresa carece de liquidez y no puede hacer frente al pago de los salarios.
Por su parte, el sindicato ELA denuncia que Porcelanas Bidasoa «tiene pagarés pendientes de cobro por valor de al menos 360.000 euros que podrían servir para hacer frente a los salarios» y que una entidad financiera «se niega a adelantar contrariamente a lo que ha estado haciendo en los últimos tiempos».
Esperanza frustrada
La decisión de cerrar sorprendió ayer a la plantilla, que a pesar de la complicada situación que atraviesa la empresa mantenía la esperanza gracias a un proyecto de construcción de unas nuevas instalaciones en Irun que, según los planes, debería ayudar a reflotar la compañía. La iniciativa consistía en vender la actual fábrica (cuya ubicación ya fue recalificada por el Ayuntamiento de Irun como suelo urbanizable para tal fin) y trasladarse a un nuevo polígono en la zona de Araso, donde se trabajaría con una planta más pequeña y una plantilla reducida. Con ese objetivo el Ayuntamiento también recalificó ese suelo de rural en industrial.
Este proyecto de traslado estuvo envuelto en polémica, ya que una de las condiciones iniciales para la recalificiación era el compromiso por parte de la empresa de mantener los 116 puestos de trabajo que había entonces (marzo 2007).
Apenas cuatro meses más tarde, Porcelanas despidió a 60 personas, a pesar de lo cual el plan de recalificación siguió adelante ante las sospechas de trabajadores, sindicatos y el grupo de Ezker Batua en Irun, que denunciaron la existencia de una simple maniobra inmobiliaria ajena a los intereses de la empresa y los trabajadores.
El caso es que la crítica situación de la empresa, el incumplimiento del plan de viabilidad presentado en su día y la falta de perspectivas de futuro han precipitado el anuncio de cierre.
Un final que se intuía desde hace meses. De hecho, las partes implicadas (Administración judicial, Ayuntamiento, Seguridad Social y Hacienda) trabajaban ya desde hace un tiempo con la idea del cierre de la empresa, dada la «inviabilidad manifiesta» de Porcelanas, según fuentes cercanas al proceso.
Así se entiende que hace un mes, el 14 de mayo, el Ayuntamiento de Irun ratificase una resolución de la Alcaldía para suspender, durante dos meses, el otorgamiento de la licencia de construcción del polígono destinado a la nueva fábrica.
Y es que, según las fuentes, «el objetivo desde hace ya un tiempo es buscar la mejor solución para que los acreedores puedan cobrar y los empleados recibir sus indemnizaciones». «Se decía una cosa de puertas afuera (confianza en el futuro de la empresa) pero se trabajaba con una hipótesis totalmente distinta de puertas adentro», admiten.
Al parecer, la promotora inmobiliaria habría presentado un proyecto que cumpliría con esos condicionantes (obtener el dinero para pagar deudas e indemnizaciones) y permitiría al Ayuntamiento de Irun edificar las VPO que precisa, por lo que se ha decidido presentar el proceso de liquidación, a la espera de la decisión final del juez.
