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El Supremo ha anulado la norma de uso aprobada por el consistorio
Julián Eizmendi. /M. FRAILE
El alcalde de Azpeitia, Julián Eizmendi, rechazó ayer que la ordenanza municipal sobre el uso del euskera en esta localidad discrimine el castellano, como según dijo, interpreta de forma «errónea» el Tribunal Supremo (TS).
Eizmendi hizo esta afirmación en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, junto al catedrático de Derecho Iñaki Agirreazkuenaga, para opinar sobre la sentencia del TS que anula la citada ordenanza municipal al considerar que su finalidad real era la exclusión del uso del castellano como lengua oficial.
El Tribunal Supremo confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y desestimó el recurso interpuesto en su contra por el consistorio azpeitiarra, al entender que la competencia del «fomento y desarrollo» del euskera corresponde a la comunidad autónoma, y no a los ayuntamientos.
Eizmendi recalcó que la interpretación del TS de que la ordenanza «discrimina el castellano» resulta «errónea», porque «el principio fundamental» en el que se basa la norma municipal es que el ciudadano tiene «derecho a usar las dos lenguas oficiales -castellano y euskera- en todas sus relaciones diarias, tanto con la administración como en su vida privada».
El primer edil de Azpeitia, que tiene 15.000 habitantes con un 95% de vascoparlantes, precisó que se pretendía que el derecho «formal» a utilizar ambos idiomas que tienen los ciudadanos pasará a convertirse en un derecho «real», de forma que «el euskera tenga las mismas posibilidades que el castellano en su interrelación global».
Eizmendi eludió pronunciarse sobre los próximos pasos a dar por el consistorio en este asunto sobre el que «ya se deliberará y se adoptará la decisión que se entienda conveniente».
El experto legal Iñaki Agirreazkuenaga precisó que, dado que ante la resolución del TS sólo cabe un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cuyo pronunciamiento podría dilatarse y no suspendería el cumplimiento de la sentencia, el «medio más efectivo» de respuesta para el Ayuntamiento sería aprobar una nueva ordenanza. EFE
