VIVIENDA, CONSEJERO DE VIVIENDA
Arriola quiere reformar el actual modelo para que los pisos se paguen en función de los ingresos. El 40% del parque de vivienda protegida se ofrecerá en alquiler
Una mujer pasea frente a las obras de un nuevo edificio de apartamentos para jóvenes en el barrio donostiarra de Intxaurrondo. /MICHELENA
DV. El nuevo Gobierno Vasco se ha propuesto reformar el actual modelo de acceso a las viviendas protegidas para abrirlo a las rentas más altas y llegar «a un mayor número de estratos sociales». El consejero del ramo, Iñaki Arriola, adelantó ayer en la comisión del Parlamento Vasco las principales líneas estratégicas de su departamento, entre las que destacó el compromiso «para hacer que todos los ciudadanos de Euskadi tengan la posibilidad a una vivienda digna». La fórmula que utilizarán para lograr ese ambicioso reto pasa, según los planes presentados por los socialistas, por corregir las imperfecciones de las listas de Etxebide, en las que están apuntadas 89.000 personas, y adaptarlas a «la estructura y tipología de la demanda».
Como primer paso, Arriola cree necesario aumentar el límite de ingresos máximos -ahora el tope máximo son 35.000 euros anuales- para que los interesados con rentas más altas puedan participar en los sorteos de vivienda protegida con opción a compra. «Dado que el mercado protegido de vivienda es el que mejores condiciones de acceso ofrece para la mayoría de la población vasca -explicó el consejero-, debemos mejorar su accesibilidad económica, de manera que su capacidad de oferta abarque a un número mayor de estratos sociales».
Arriola apuntó además un cambio de mayor calado: la modificación de los precios de los pisos para que estos se adecuen a las rentas de los adjudicatarios. En la actualidad, los beneficiarios de una VPO con rentas más altas abonan la misma cantidad que los que tienen sueldos menos elevados. «Merece la pena hacer la reflexión en el sentido de si parece de justicia que todas las rentas que se incluyen en el abanico que permite el acceso a la vivienda protegida de régimen general deben pagar el mismo precio», dijo.
Según los datos aportados en la comparecencia, Euskadi ofrece las viviendas sociales «más baratas» de España y está en mitad de la tabla en cuanto a los precios de las VPO, a pesar de ser la comunidad autónoma con mayor nivel de renta y vivienda libre de las más caras. Arriola especificó que una VPO en el País Vasco cuesta el 40% de una libre, «el ratio más bajo de España». «Hay margen para adecuar los precios a la capacidad económica de las rentas de nivel más alto». Actualmente, el precio de una vivienda de VPO ronda de media los 120.000 euros.
Arriola también dejó caer en su exposición una posible subida de los precios de los pisos protegidos, ya que, según justificó, en algunas promociones urbanísticas no se cubren gastos, lo que retrae a los promotores. «Si se demuestra que los costes reales de construcción exceden de los ingresos obtenidos por la venta del piso en aplicación de los baremos actuales, sería conveniente corregir de forma excepcional los precios de venta, precisamente para hacer posible que esas viviendas puedan ser promovidas», afirmó el consejero. De esta forma, se conseguiría «estimular la iniciativa privada», aseguró.
40.000 VPO
El consejero reiteró que durante los próximos cuatro años de legislatura de Patxi López se construirán 40.000 VPO en Euskadi, de las cuales un 40% será de alquiler, una modalidad que la consejería quiere impulsar «definitivamente». Para Arriola, la «clave» para emprender esta nueva política de vivienda la tienen los ayuntamientos, con quienes el departamento trabajará en el nuevo programa Udalekin, destinado a apoyar a los municipios para la realización de obras y servicios. También pondrá en marcha el programa Hiriber, de apoyo a la regeneración urbana, y mantendrá el servicio Bizigune, para incorporar al mercado las viviendas vacías.
La consejería quiere dotar de más herramientas a los municipios para que se llegue a un equilibrio territorial en materia de vivienda. Arriola expuso el caso de Vitoria, donde se ha construido el 50% de las VPO de los últimos años y, sin embargo, la capital alavesa sólo representa el 15% de población. Para evitar estos desajustes, se favorecerá la adquisición de suelo por los consistorios. También se plantea como estrategia la oferta de suelo a los ayuntamientos, de forma que sea la consejería la que urbanice las zonas residenciales cuya construcción esté paralizada, y se cobre luego ese coste a través de la cesión de otros solares a edificar. aldaz
