El Parlamento Vasco volvió a reclamar ayer al Congreso de los Diputados las reformas legales necesarias para que las normas fiscales forales puedan ser recurridas sólo ante el Tribunal Constitucional. Esta medida, que impediría por lo tanto el recurso ante los tribunales ordinarios, es lo que se conoce como el «blindaje» del Concierto Económico.
La Cámara de Vitoria aprobó por unanimidad el 27 de junio de 2007 una proposición de ley que pide a las Cortes Generales la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional y la Ley del Poder Judicial con el citado objetivo. Esta iniciativa será debatida en otoño en el Congreso, después del retraso provocado por las elecciones generales del pasado año.
El PNV consideró necesario reiterar esta petición al comienzo de la legislatura recién iniciada y registró en mayo una proposición de ley con el mismo contenido que la aprobada dos años antes. Y el Parlamento Vasco aprobó ayer en el primer pleno ordinario con los votos a favor de todos los partidos a excepción de Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
El texto acuerda reiterar directamente ante el Congreso la iniciativa de 2007 y proceder al nombramiento de los parlamentarios encargados de defender el «blindaje» de las normas fiscales ante la Cámara baja, ya que dos de los designados en su día no lo son ya (la socialista Isabel Celaá -nombrada consejera- y el peneuvista José Antonio Rubalkaba -jubilado-).
Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD, justificó su oposición a esta propuesta por ser a su juicio «un acto de propaganda política» debido a que ya está previsto que se debata en el Congreso en noviembre. Además, sostuvo que peca de «foralista y nacionalista», y pretende «perpetuar una singularidad anacrónica y antidemocrática que evidencia además una estructura arcaica: es irracional que una pequeña comunidad autónoma como la vasca tenga tres haciendas forales al margen del control del Parlamento Vasco».
Divergencias
El resto de grupos, nacionalistas y no nacionalistas, coincidieron en la necesidad de «blindar» las normas forales de carácter tributario para dotar de mayor estabilidad y seguridad jurídica al tejido económico. Este lenguaje común no evitó, sin embargo, que los distintos portavoces parlamentarios intercambiarán algunos reproches y acusaciones.
Así, socialistas y populares acusaron al PNV de desprender «tufillo electoral» con esta iniciativa e intentar permanentemente «colgarse medallas» como el partido defensor del Concierto por antonomasia. Ambos advirtieron del peligro de utilizar políticamente la autonomía fiscal vasca y anunciar «catástrofes que no se corresponden con la realidad y generan inseguridad».
Los nacionalistas rechazaron estas acusaciones y defendieron el «blindaje» como la única vía para proteger el Concierto de los recursos que puedan presentar las comunidades autónomas limítrofes. Se trata, dijeron, de dotar a las normas fiscales vascas de rango de ley como el resto de normas de este tipo del Estado.