Los alumnos de 1º de Bachillerato que suspendan tres o cuatro asignaturas no tendrán que repetir obligatoriamente el curso completo y en septiembre podrán matricularse sólo en las materias 'cateadas', conservando las notas obtenidas en el resto. Es la fórmula pactada ayer por el Ministerio y las consejerías autonómicas de Educación para salir del atolladero planteado por el Tribunal Supremo. En marzo el alto tribunal denegó que los bachilleres de primer año con cuatro suspensos pudieran pasar parcialmente de curso y avanzar materias de segundo para no perder todo el año, como permitía hasta entonces el decreto de 2007 sobre la estructura del Bachillerato y sus enseñanzas mínimas. El Supremo entendía que el decreto contravenía la LOE, que impide el cambio de curso con más de dos suspensos.
Ahora, las autoridades educativas corrigen el tiro para adecuarse a la sentencia y, a la vez, «cumplir el mandato de la LOE y mantener criterios de flexibilidad propios de una etapa postobligatoria», señaló la secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, Eva Almunia, que ha presidido la Comisión General de Educación.
El acuerdo, unánime, busca evitar el abandono escolar y permitirá a los alumnos elegir entre tres opciones: matricularse de nuevo en 1º de Bachillerato en su totalidad, renunciando a todas las calificaciones obtenidas y empezar de cero; es decir, repetir curso al modo clásico, que sería lo indicado en caso de aprobados muy raspados y suspensos múltiples. O bien, apuntarse de nuevo al primer curso completo en todas las materias, suspendidas o no, para mejorar conocimientos y subir nota en las aprobadas. Si la calificación fuera inferior, se mantendría la obtenida en el curso anterior. Y la tercera alternativa, matricularse de las materias suspendidas y apuntarse voluntariamente a aquellas otras sugeridas por el centro educativo para que el alumno supere el bache y se prepare para afrontar con garantías el 2º curso de bachillerato.
Escuela 2.0
Por otra parte, las comunidades y el Ministerio fijaron el mecanismo para activar el programa Escuela 2.0 de digitalización del sistema educativo. A partir de septiembre, el Ministerio firmará convenios con cada comunidad con el compromiso de financiar al 50% los proyectos que presenten las autoridades educativas autonómicas para facilitar ordenadores portátiles a los alumnos, así como otros medios digitales como pizarras de nueva generación, proyectores y conexiones a internet. Se calcula que informatizar cada aula costará unos 10.000 euros.
Entre otros acuerdos, la Comisión General de Educación ha decidido negociar con las operadoras de telefonía móvil tarifas especiales de conexión a internet para fomentar el uso de esta herramienta por parte de los estudiantes en sus casas . COLPISA