06.06.09 -
El portavoz de la Campaña Antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, denunció ayer que la decisión de renovar la licencia de Garoña se produjo el pasado mes de febrero por un acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que definió como un «organismo pronuclear de toda la vida» y el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián. Bravo calificó de «lamentable» el dictamen favorable a la instalación burgalesa remitido por el organismo regulador al ministerio de Industria, al tiempo que afirmó que tal dictamen no se basa en criterios técnicos sino estrictamente «políticos».
Por su parte, Ecologistas en Acción, señaló que se han cumplido «los peores presagios» porque el CSN decidió «por unanimidad» prorrogar la vida de la central una década más a pesar de que sus propietarios «no han cumplido todas las exigencias de dicho organismo».
El diputado por Álava del PNV, Emilio Olabarria, expresó su «decepción» ante el informe técnico favorable, porque no cabe «duda» de que la instalación está «obsoleta», tiene «problemas técnicos» y supone un «riesgo demostrado» para la salud de las personas y los ecosistemas de la zona. El parlamentario pidió que se se separe la cuestión de Garoña del «necesario debate» en torno a las centrales nucleares, en el que los nacionalistas vascos no tienen una «oposición per se».
