El Defensor del Pueblo Vasco, la institución que media entre las administraciones públicas y los ciudadanos, cumple 20 años. Javier San Martín, Xabier Markiegi y Mertxe Agúndez ocuparon el cargo antes que Iñigo Lamarca Iturbe (Donostia, 1959). El actual Ararteko repasa algunos de los retos de la sociedad vasca con motivo del vigésimo aniversario. Cree que en ámbitos como la violencia machista o la atención a los mayores «vamos por buen camino».

- ¿En qué estado se encuentran los derechos de los vascos?

- Hay que precisar que trabajamos en todo aquello que tiene relación con las actuaciones y las políticas públicas de las administraciones vascas, por lo que no abarcamos el 100% de la problemática del derecho de las personas. Hecha esta matización, en primer lugar habría que decir que tenemos un terrible agujero negro que es la existencia y persistencia de la violencia terrorista de ETA, que cercena los derechos fundamentales más elementales. Una persona, como es mi caso, que está al frente de una institución que vela por los derechos humanos no puede sino empezar denunciando esta situación gravísima, la de aquellas personas que están bajo la amenaza de ETA y que cada vez son más.

- Al margen de esta lacra, ¿se vulneran los derechos de muchas personas en el País Vasco?

- Con mayor o menor intensidad todas las personas tenemos algún perfil vulnerable, y el abanico de políticas públicas sectoriales es muy amplio: personas mayores, menores, igualdad entre hombres y mujeres, personas con discapacidad... Hay algunos temas que trascienden y que son comunes, como la violencia del terrorismo. Creo que la violencia de género tiene tal envergadura que hay que mencionarla de manera específica. Luego hay otro campo importante que englobaría dentro de lo que podemos denominar una democracia de calidad, que supone que todas las actuaciones en diferentes campos se ajusten adecuadamente al principio de la buena administración. Y eso significa que las administraciones tienen que ser particularmente rigurosas y diligentes en que todos sus empleados públicos actúen defendiendo y salvaguardando escrupulosamente los derechos humanos, por lo que tiene que haber protocolos en el campo preventivo pero también si se denuncia un abuso, para que exista una intervención que arroje luz acerca de esos hechos. Hay ámbitos particularmente sensibles relacionados con la libertad de las personas, como son la detención y las prisiones. Más allá de estos ámbitos, en general, subrayaría la necesidad de que las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos respondan al mismo paradigma de una mayor participación, de darle una mayor información al ciudadano, para que la relación entre administraciones y administrados sea la máxima.

- Los casos de violencia machista no cesan.

- Las cifras son brutales y hay que poner sobre la mesa la necesidad imperiosa de trabajar con mayor esfuerzo y ahínco para que erradiquemos esta violencia. Creo que vamos en buena dirección. Disponemos de herramientas normativas, de políticas públicas y de muchas instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género en distintos campos, como en la intervención. Hay otro ámbito, el preventivo, en el que quizás habría que trabajar con mayor acierto, por un lado detectando a tiempo situaciones que puedan conducir a la práctica de esta violencia y en la educación y reeducación en valores de igualdad entre hombres y mujeres.

- Esta semana ha 'estallado' el conflicto en las residencias de personas mayores en Gipuzkoa e incluso se ha hablado de «situación insostenible». ¿Ha recibido alguna queja al respecto?

- Alguna que otra sí, pero pocas, lo cual no significa que esas disfunciones no existan. En este conflicto se conjugan varios elementos. Por un lado, el ejercicio del derecho a la huelga, al que tienen derecho los trabajadores, si bien hay que cumplir unos servicios mínimos. Primero habría que analizar si los servicios mínimos se cumplen adecuadamente, para lo cual hay unos servicios de inspección de trabajo. Cabe suponer que esta vigilancia se está dando y que los servicios mínimos se están cumpliendo. La siguiente pregunta es si los servicios mínimos son adecuados o razonables para las necesidades que han de cubrir. Es evidente que una huelga siempre produce perjuicios, pero habría que hacer una reflexión cuando las personas afectadas tienen un alto nivel de vulnerabilidad. En este caso, quizás haya que hacer una adecuación de esos servicios mínimos para que las necesidades mínimas de los usuarios estén salvaguardadas. Es una reflexión que pongo encima de la mesa, pero no voy a hacer ningún pronunciamiento porque no conozco esta realidad concreta a fondo.

- Este tipo de conflictos están alumbrando una realidad, y es que muchos recursos sociales no están gestionados directamente por las administraciones competentes.

- Este modelo no es malo. Diría que es inevitable. Hoy en día es imposible que la Administración lo asuma todo. Ahora bien, la Administración tiene el deber de velar por que los servicios se presten en las debidas condiciones. Llegados a este punto, y es uno de los motivos de la huelga, se están produciendo diferencias salariales. Nosotros hemos elaborado un informe monográfico sobre las condiciones de las personas que trabajan en asociaciones sin ánimo de lucro en el campo de la intervención social y hemos dictado una serie de recomendaciones para que haya una regulación de esas condiciones de trabajo, para que sean lo más justa y homogéneas posible. Sería deseable que todos hiciéramos el mayor esfuerzo posible, y cuando hablo de todos me refiero no sólo a las administraciones públicas, sino también a las empresas que gestionan estos servicios y a los propios sindicatos para hacer una reflexión y un esfuerzo conjunto para que este escenario se asiente con la mayor rapidez y el servicio sea el mejor posible. Hay trabajo que hacer para que el nuevo modelo se asiente y tenga unas bases sólidas que permitan su sostenibilidad en el tiempo.

- El envejecimiento de la población y las personas mayores suponen uno de los mayores retos sociales.

- Sí, y otro elemento que hay que tener muy presente es que son personas con algún tipo de dependencia, lo que las convierte en más vulnerables. Supone una revisión del modelo, y el objetivo que se han planteado las diputaciones vascas, en consonancia con un informe que publicamos en 2005, es que hay que diversificar los recursos de manera que las residencias sean para las personas con un alto grado de dependencia. Luego están los centros de día, cada vez más numerosos, y hay un campo en el que todavía hay que avanzar y progresar mucho, y es el de la ayuda domiciliaria, para cumplir el objetivo de que aquellas personas mayores que sean autónomas o tengan un grado de dependencia mínimo puedan permanecer en su domicilio o en el entorno familiar. Creo que vamos en la buena dirección. Se ha hecho un gran esfuerzo pero no olvidemos que la demanda va subiendo.

- ¿Es sostenible el modelo actual?

- Creo que estamos en un buen momento para anticiparnos a los problemas del futuro y realizar en el modelo aquellos cambios que sean necesarios. Parece evidente que algunos hay que hacer para que el sistema sea sostenible en el tiempo no solo para las generaciones vivas, sino también venideras. Hay que dejar claro a la ciudadanía que es posible que el modelo sea sostenible, pero sí que sería necesario realizar una reflexión.

- La próxima semana se reúne el foro interinstitucional sobre los menores extranjeros, otro reto que no parece tener una solución fácil.

- Estamos ante una realidad tremendamente compleja. El 90% de los menores extranjeros acogidos por las diputaciones vascas son de Marruecos, donde los jóvenes tienen una información bastante elevada de las condiciones de vida en Europa. Se está dando un nuevo fenómeno de inmigración protagonizado por menores, y la ley dice que los menores detectados en cualquier lugar deben ser atendidos y protegidos por la institución competente. Lo que ha ocurrido es que la afluencia se ha disparado. Algunos de estos menores, muy pocos y que la Diputación cifra en un 10%, tienen un perfil conflictivo, y algunos de ellos han protagonizado hechos en ocasiones de naturaleza delictiva, lo que ha generado cierta alarma social. Creo que no está justificada, lo digo sinceramente, porque la inmensa mayoría tiene un comportamiento bueno, incluso ejemplar. Además, por propia lógica les interesa, porque su objetivo es instalarse en un país de la UE.

- Parte de la ciudadanía percibe que las acciones que cometen estos menores no tienen consecuencias.

- Se les está aplicando la ley. En el caso de los que son detenidos la Fiscalía incoa un procedimiento, el Juzgado de Menores estudia los hechos y desde luego si están tipificados por la ley se les impone un castigo. En el centro de reforma Ibaiondo de Zumarraga, que es donde cumplen su pena aquellos menores condenados por hechos delictivos, hay un porcentaje elevado de extranjeros. Nosotros visitamos este centro. Hay que decir que la ley se aplica, pero la norma para los menores de edad, tanto para extranjeros como nativos, no es tan punitiva como para las personas adultas. Y hoy por hoy sostengo que eso no es malo, aunque a veces produce alguna que otra disfunción. Eso significa que la sanción de encierro en un centro de reforma tiene que ser un último recurso, porque para un menor es tremendamente duro, aunque si hay que aplicarse se aplica. Pero hay que conjugar también el efecto sancionador y disuasorio de la ley con una intensa labor social para procurar reconducir el comportamiento conflictivo. Sé que algunos sectores no lo ven con buenos ojos, pero hay que pedir un esfuerzo para comprender la situación de estos menores que vienen con un grado de ansiedad tremendo y con la carga de labrarse un futuro para sí y, en algunos casos, para enviar dinero a casa. Esto no significa que se les permita hacer cualquier cosa. Tienen que tener claro que existe una autoridad y que tienen unos derechos y unos deberes.