El Gobierno admite que una reforma legal no podrá desalojar a los actuales alcaldes de ANV

El Gobierno admitió ayer que no podrá desalojar a los alcaldes de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), que seguirán al frente de las corporaciones hasta 2011, año para el que están fijadas las próximas elecciones municipales. Estos consistorios y las juntas generales de Álava son las únicas instituciones en las que están presentes miembros de los partidos ilegalizados por su vinculación con ETA, tras su reciente salida del Parlamento Vasco.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó que el Ministerio de Justicia continúa los trabajos para abordar una reforma legal que impida en el futuro que un consistorio pueda estar gobernado por un concejal elegido en las listas de un partido ilegalizado, pero que, en cualquier caso, los cambios que se aprueben, para los que no anticipó fecha, no podrán aplicarse a los ediles actuales. «Cuando haya (nueva) ley, no podrá tener efectos retroactivos porque restringiría los derechos fundamentales», aclaró. Aunque no lo dijo de forma explícita, De la Vega, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, desechó la fórmula que planteó el jueves al Gobierno el fiscal general del Estado. Cándido Conde-Pumpido considera que es «posible» liquidar las corporaciones actuales gobernadas por el partido ilegalizado sólo con introducir un nuevo motivo de disolución entre los ya previstos en el artículo 61 de la ley de Bases de Régimen Local. Con esa modificación, sería causa bastante para disolver un consistorio que esté gobernado por concejales de un partido posteriormente ilegalizado por el Supremo por su vinculación a ETA.

El Ejecutivo, sin embargo, tras estudiar otros informes jurídicos, entre ellos los de la Abogacía del Estado, sostiene que la fórmula no se puede aplicar a los actuales ayuntamientos porque violaría los derechos fundamentales de los ediles. La simple ilegalización de una formación no permite retirar el acta de concejal a quien fue elegido con anterioridad en la lista del partido proscrito porque los ciudadanos designan con sus votos al candidato no al partido.

Asunto liquidado

El Ejecutivo liquidó con las afirmaciones de De la Vega las expectativas que abrieron en diciembre la propia vicepresidenta primera, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, y la entonces ministra de Administraciones Públicas y hoy vicepresidenta segunda, Elena Salgado. Los tres se comprometieron en público y en el pleno del Congreso a hacer todo lo que estuviese en sus manos para desalojar a los concejales de ANV de los equipos de gobierno mediante una reforma legal. Las únicas opciones que quedan abiertas son la moción de censura y la disolución de ayuntamientos concretos por actuaciones «graves y reiteradas» en apoyo del terrorismo o de quienes lo ensalzan.