POLÍTICA
El abogado Kepa Landa critica que la sentencia de la Audiencia Nacional hace afirmaciones sustentadas «en el vacío». El fiscal aboga por rebajar la pena a 33 de los 47 condenados
21.04.09 -
Los abogados de los condenados en el macrojuicio 18/98, ayer en el Tribunal Supremo. /J. J. GUILLÉN / EFE
La defensa de los condenados en el macrosumario 18/98, contra varias organizaciones de la izquierda abertzale acusadas de relación con ETA, sostuvo ayer que la Audiencia Nacional no ha probado que el colectivo KAS elaborara un proyecto para financiar a la organización terrorista.
Uno de los cuatro abogados defensores, Kepa Landa, denunció que «la sentencia hace afirmaciones que no están soportadas por prueba alguna» y se sustentan en «el vacío». El letrado intervino en la vista pública en el Tribunal Supremo para ver los recursos contra el fallo de la Audiencia Nacional que condenó en 2007 a 47 de los 52 acusados en este macrojuicio a penas que suman 525 años de cárcel. La Fiscalía aboga por una rebaja de las condenas a una treintena de ellos al apoyar parcialmente los recursos de 33 de los 47 condenados y constata que se aplicaron las penas «en el máximo de lo posible». En concreto, el fiscal pide reducciones de tres años para doce de los condenados y de dos años para otros 21, apoya que sean absueltos varios de ellos e impugna el recurso del ex dirigente de KAS Xabier Alegria, condenado a 18 años de prisión, y del abogado Txema Matanzas, con una pena de 14 años.
La Audiencia Nacional concluyó en su día que las organizaciones que configuraban el llamado «frente de masas» -KAS, Ekin y Xaki- eran las «entrañas» y «el corazón» de ETA, y que el diario Egin constituía su frente mediático «al estar dirigido» por la organización, según el juez Garzón.
Una de esas organizaciones era la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), surgida en 1975 como plataforma de coordinación de los frentes político, obrero, cultural y de masas que ETA había decidido desvincular un año antes de su aparato militar para impulsar su actuación legal ante el inminente final de la dictadura franquista, siempre según el fallo judicial.
El tribunal añade que KAS fue la encargada de elaborar un proyecto de financiación para el sostenimiento económico de ETA y la cobertura de gastos de sus «miembros liberados», denominado 'Proyecto Udaletxe', que partía de la utilización de empresas «legales» del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).
«Entelequia»
Sin embargo, en la vista pública, el abogado Landa aseguró que este proyecto «es una entelequia que no ha tenido desarrollo» e hizo hincapié en que aunque se habló de una «caja única» de ETA, en el juicio la Policía no sabía en qué consistía y «nadie ha comprobado el movimiento económico de ETA y hacia ETA». El letrado agregó que en cientos de miles de folios y sumarios en la Audiencia Nacional en los últimos quince años ni se menciona el citado proyecto «cuando se supone que era el sistema de financiación de ETA».
A su juicio, «la sentencia hace afirmaciones rigurosamente artificiales por no decir falsas». Para Landa, «la prueba en un procedimiento se debe aportar de forma correcta y tener contenido de cargo». Además, pidió al Supremo que no valore los informes de inteligencia sobre los que declararon varios policías como peritos y no como testigos, explicó.
Otra abogada, Jone Goirizelaia, alegó que se ha vulnerado el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, ya que ha habido periodos sin actividad y el proceso ha estado paralizado hasta tres años, denunció. Añadió que considera una «técnica dudosa» la celebración de «macrojuicios», en los que «se mezcla todo». También intervino el letrado José María Elosua, quien aseguró que «no se ha producido ocultación de bienes, ni real, ni ficticia, ni hay delito de insolvencia punible». EFE
