Hace unos días, Ignacio Marco Gardoqui exponía (DV-14-03-09) una sugerente reflexión sobre financiación universitaria. Comparto en buena medida lo que señala en ella, aunque pienso que deben tenerse en consideración también elementos no tratados en la misma. El debate lo merece. Para poner en su contexto mis ideas resumiré -espero que sin simplificar en exceso- lo escrito por el articulista. Sostiene éste que es hora de que se midan los resultados de una actividad como la universitaria, que consume un importante volumen de recursos, y también que las universidades privadas debieran ser más apoyadas por el erario público y recibir un trato más equitativo que en la actualidad.

Para empezar he de señalar que algunas universidades, y la UPV-EHU lo hace de forma pública y especialmente pormenorizada, dan cumplida cuenta de los resultados de su actividad. La UPV-EHU publica con carácter anual datos precisos relativos al número de estudiantes matriculados, así como cifras de ingresados y de egresados. De esas cifras pueden estimarse indicadores cuantitativos del grado de cumplimiento de su cometido. Por otro lado, junto con Egailan y su Consejo Social, también hace pública información relativa a la inserción de sus titulados y, más recientemente, a la valoración que otorgan éstos, así como sus empleadores, a la formación adquirida. Pocas son las universidades que hacen pública su radiografía de una forma tan detallada.

Asimismo, da cuenta de su producción investigadora en forma de artículos científicos, patentes, recursos allegados de convocatorias públicas y volumen económico de los contratos con empresas para la transferencia de conocimiento. Al respecto cabe decir que, si relacionamos esa producción con el esfuerzo realizado, su rentabilidad no es pequeña y resulta, cuando menos, homologable al de otras universidades públicas similares. Y digo públicas porque no hay universidades privadas semejantes. Se mide lo que se hace y la comparación arroja buenos, aunque siempre mejorables, resultados.

Veamos la cuestión de la financiación. Simplificando mucho, el personal académico de la Universidad pública dedica la mitad de su tiempo a la docencia y la otra mitad a la investigación, pues esa duplicidad es consustancial a la misma condición universitaria. Por ello, cualquier decisión relativa a la financiación de los distintos agentes del sistema la debiera tener en cuenta, de manera que el esfuerzo financiador se realizase valorando los resultados de una y otra actividad. A ese respecto, hoy está muy claro qué parámetros son los que deben utilizarse en la valoración de unas y otras actividades. También está muy claro que los resultados que arrojaría cualquier evaluación de nuestras universidades realizada sobre criterios homologables internacionalmente depararía resultados que sorprenderían a más de uno y que contradirían algunos clichés periclitados, todavía comunes entre nosotros. En todo caso, el uso de indicadores tan sintéticos como el gasto por estudiante no permite hacer comparaciones entre instituciones universitarias si no se tienen en cuenta todos los términos de la ecuación.

Por otro lado, las universidades públicas, en tanto que tales, están obligadas a ofrecer formación en todo tipo de áreas, incluidas aquéllas que, por su escasa demanda, no suelen ofrecer las universidades no públicas. También deben, en nuestro caso por ejemplo, atender la demanda de quienes quieren estudiar en una lengua oficial cuando esa lengua es minoritaria en esos estudios. En la UPV-EHU hay grupos docentes en vasco y grupos docentes en castellano por esa única razón, ya que los grupos en la otra lengua oficial son de tamaño superior. Es cierto que bajo determinadas condiciones de financiación estas cuestiones no debieran plantear demasiado problema a una universidad no pública, pero también deben tenerse presentes a la hora de valorar qué significa que el gasto por estudiante sea de una u otra magnitud.

Me referiré, por último, a la posibilidad de destinar fondos públicos a las universidades no públicas. No encuentro ningún principio en virtud del cual no se deba apoyar de forma más intensa a las universidades privadas. De hecho, ni siquiera considero tabú plantear sistemas de financiación universitaria basados en mecanismos similares a los de la enseñanza concertada. Quede claro que hablo de principios. Ahora bien, bajo las actuales condiciones implantar tales sistemas supondría condenar a la Universidad pública a la desaparición a medio plazo o a jugar un papel marginal en el sistema. La Universidad pública forma parte de la Administración y, en virtud de tal circunstancia, las normas que le son de aplicación encorsetan su funcionamiento de forma impensable para una universidad no pública. Pongamos un ejemplo: el rector de la UPV-EHU no puede seleccionar a su personal, profesorado incluido, de acuerdo con sus propios criterios; debe atenerse a un complejo mecanismo cuyas condiciones no puede cambiar. Y en general, todo el funcionamiento de una Universidad pública depende sobremanera de su condición de institución pública. Las autoridades académicas disponen de estrecho margen para tomar decisiones sobre asuntos tales como oferta de títulos, planes de estudios, líneas de investigación, cuestiones relativas a la dirección y gobierno, y muchas otras. Lo que señalo tiene mucha importancia, porque en un supuesto de financiación equivalente de unas universidades y otras, las públicas competirían en clara desventaja con las no públicas. Así pues, cualquier medida que tienda a equiparar la financiación de las universidades, además de tener en cuenta lo señalado más arriba, debiera venir acompañada por un cambio radical en la normativa que afecta a las universidades públicas, dándoles la misma libertad de actuación en todas las esferas de que disfrutan las universidades privadas. O al contrario, claro. Sólo así podrán conjugarse todos los términos que intervienen en tan compleja ecuación.