ECONOMÍA
Un centenar de compradores teme perder sus vehículos ante el cierre de sus dos concesionarios en Irun
19.03.09 -
DV. El Juzgado de Instrucción número 5 de Irun ha decretado la libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros para el dueño de los concesionarios Seat Onak e Irun Motor Volkswagen, ambos situados en la ciudad fronteriza, por utilizar presuntamente el dinero de varias compras de coches para cubrir «otras necesidades» de sus dos empresas, lo que, supuestamente, ha provocado que un centenar de compradores no haya recibido la documentación de sus vehículos.
Su preocupación es máxima. Hace varias semanas los dos concesionarios irundarras se acogieron a la ley concursal (suspensión de pagos) y presentaron un ERE de rescisión que afecta a los 38 trabajadores de la plantilla. Ante esta situación, un centenar de compradores que esperaban recibir sus coches han decidido acudir a los tribunales ante el temor de que los vehículos sean subastados como bienes en liquidación propiedad de estas empresas.
En un auto fechado este lunes, y al que ha tenido acceso este periódico, el juez Jose Ignacio Hierro Lage, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Irun, atiende la denuncia de media decena de clientes que habrían comprado en Seat Onak e Irun Motor Volkswagen cinco turismos por un importe total de 117.790 euros. El juez apunta que existen indicios de que el imputado no transfirió presuntamente el dinero de la venta de los coches a las entidades financieras que retenían la documentación del vehículo para conseguir la transferencia de la matriculación del mismo a favor del comprador. Es decir, los dos concesionarios anunciaron el cierre sin que muchos compradores tuvieran aún la documentación de sus coches a su nombre.
El juez señala en su auto que F. E.G., dueño de los dos concesionarios, destinó presuntamente esas cantidades «a cubrir otras necesidades de la empresa». Por estas razones, el juez decreta la libertad provisional de F. E. G. bajo fianza de 300.000 euros y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. En caso de que el acusado no hiciera frente a la fianza, ingresaría en prisión.
El dueño de los dos concesionarios podría ser acusado de un delito continuado de apropiación indebida que puede ser castigado con penas de hasta ocho años de prisión.
