10.03.09 -
La investigación no es una excepción. Sucede en el campo (lino, cereales...), en el ámbito de las energías alternativas y hasta en actividades tan poco sospechosas a priori como las ONGs. Irremediablemente, tras los grandes programas públicos de ayudas aparecen como osos a la miel verdaderos profesionales de la burocracia, los cazadores de subvenciones. Es vox populi que no todos los fondos públicos destinados a investigación se emplean en actividades puramente científicas o investigadoras. Coinciden varios conocedores del sector que «si sabes cómo disfrazar un proyecto para presentarlo como gusta en la instancia correspondiente, es relativamente fácil coger la subvención». No es ilegal, es una pura cuestión de maquillaje.
La Ley de Ciencia que prepara el Ministerio de Cristina Garmendia pretende, entre otras muchas cuestiones, definir qué es y qué no es una actividad de I+D+i, y quién está en condiciones de desarrollarla y quién no.
La ley supondrá que algún centro, unidad empresarial y proyecto que hoy se apellida de investigación sea expulsado de esta cada vez más numerosa familia. Polémica en ciernes. Pero en España, y en el País Vasco en particular, urge una reordenación para evitar el todo vale y conseguir que los millones de euros que cada año destinan las distintas administraciones al necesario desarrollo de la innovación vayan efectivamente a proyectos de esa naturaleza y no se queden en tiendas de disfraces.
