HERNANI
En la reunión de ayer el gobierno local y EA presentaron cada uno un texto sobre el detenido hernaniarra
10.03.09 -
DV. A instancias del equipo de gobierno, representantes del mismo y de las formaciones con representación en el Ayuntamiento se reunieron ayer para tratar el caso de la detención de Iraitz Santa Cruz, en relación a la decisión adoptada en el Pleno del 18 de diciembre de 2008, donde se aprobó un texto referente a las torturas, en el que en sus puntos 5, 6 y 7 hacía referencia a la situación de incomunicación de los detenidos. El punto 5 decía que en caso de incomunicación de un hernaniarra, se enviarían a la Audiencia Nacional los acuerdos adoptados por las Naciones Unidas sobre la tortura. Además, en el punto 6 se comprometían a intentar consensuar un texto y remitírselo a quien corresponda, solicitando el más escrupuloso respeto de los derechos humanos de todas las personas, y en el punto 7 se comprometían a realizar una rueda de prensa para denunciar la incomunicación.
Es por ello que el equipo de gobierno reunió ayer a los representantes políticos municipales. Sobre la mesa se presentaron dos escritos, el primero del equipo de gobierno y el segundo a iniciativa de EA. Tal y como indicaron ayer desde el Ayuntamiento, no se llegó a un acuerdo sobre un único texto.
Según datos ofrecidos desde el Consistorio, el PP votó en contra de los dos textos, el PSE se mostró partidario de apoyar tres de los cinco puntos, pero añadiendo lo expuesto por EA.
Según la versión ofrecida desde el Ayuntamiento, el PNV estaría a favor de cuatro puntos del escrito del equipo de gobierno y también del de EA. EB finalmente acepta el escrito del equipo de gobierno a excepción del último y quinto punto del documento. EA y el equipo de gobierno han defendido cada uno su propio texto.
En el texto del grupo gobernante exigen que se acabe con la incomunicación, además de denunciar la falta de información por parte de sus allegados. Exigen también la desaparición de la Audiencia Nacional. En el documento de EA, entienden que los poderes públicos deben evitar «la execrable práctica de los malos tratos a los detenidos», aunque pedían que el Ayuntamiento de Hernani considere «positivo» que los responsables de cometer delitos sean puestos a disposición judicial.
