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Política

13.02.09 -

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El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón dejó anoche en libertad con comparecencias semanales a Alvaro Pérez Alonso, conocido como El Bigotes, presidente de Orange Market, la compañía que gestionaba los negocios de la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias dirigida por el empresario Francisco Correa y desmantelada en la denominada operación Gürtel, informaron fuentes jurídicas.
Pérez Alonso -que fue detenido en Valencia en la noche de lunes- no podrá abandonar el territorio nacional por orden del magistrado. Su arresto se produjo después de que la policía fuera registrada la sede de Orange Market, donde se obtuvieron numerosos contratos del PP valenciano y de la Comunidad valenciana, entre ellos los expositores que esta región mostró en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur).
El consejo de Orange Market está constituido por Alvaro Pérez Alonso como presidente; Cándido Herrero Martínez como consejero delegado y José Ramón Blanco Balín como consejero. No obstante, entre sus accionistas aparece el ex secretario de Organización del PP Gallego Pablo Crespo Sabarís, enviado ayer a prisión por orden del juez Garzón.
Esta empresa fue creada el 24 de julio de 2003 con un capital de 3.006 euros, divididos en 3.006 acciones de un euro cada una, que se repartió entre Luis de Miguel Pérez y el ahora detenido Pablo Crespo Sabarís. El primero se quedó con 3.005 acciones y el último pagó un euro por una acción.
El socio de Pablo Crespo en Orange Market, Luis de Miguel Pérez , coincide con éste en otras sociedades de las que es administrador y que también están siendo investigadas, como Special Events, Easy Concept y Pasadena Viajes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Granada defendió ayer la «escrupulosa» legalidad de la adjudicación del diseño y montaje del expositor con el que la ciudad acudió a Fitur en 2005 a la empresa Down Town Consulting, implicada en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón. La adjudicación se realizó por una cuantía de 59.400 euros, lo que representaba una baja de 600 euros sobre el tipo de licitación.
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