El PNV sólo admite la responsabilidad política de Víctor Bravo en el fraude de Irun

DV. Los rumores de los últimos días se cumplieron. El PNV sólo ha aceptado finalmente que Víctor Bravo, director de la Hacienda foral entre 1992 y 2003 y hermano del principal imputado, José María, cargue con la responsabilidad política del presunto fraude de la oficina tributaria de Irun. La formación jeltzale rechaza rotundamente que los otros seis altos cargos forales de su partido a los que la comisión de investigación de las Juntas Generales les recrimina mala gestión en el presunto fraude tengan ningún tipo de responsabilidad política en el caso. El portavoz del PNV no pudo ser ayer más claro: «Ha quedado sobradamente desmostrado que el fraude no tiene nada que ver con el PNV».

Pese a este rechazo y aunque pueda resultar contradictorio, la formación jeltzale apoyó ayer junto al resto de grupos el dictamen de la comisión. Sin embargo, fue un apoyo relativo y que incluso puede dar lugar a confusión. Los jeltzales apoyaron el texto porque los párrafos más controvertidos se habían quedado fuera de la votación final al haber sido anteriormente enmendados y votados. En la práctica, viene a suponer que la formación de Joseba Egibar acepta las líneas generales de las conclusiones pero sólo la responsabilidad política de Víctor Bravo.

El resto de grupos no opina lo mismo. Las conclusiones de la comisión de investigación establece dos tipos de responsabilidades por hechos bien diferenciados. Por un lado, atribuye la responsabilidad política de los fallos de control en la Hacienda foral que facilitaron la comisión del presunto delito a quienes ostentaron el cargo de director general de Hacienda, Víctor Bravo Durán, al director general de Finanzas y Presupuestos, Juan Romero Landa, así como quien fuera diputado foral de Hacienda en aquella época, Antton Marquet.

Por otro, considera que Iñaki Rica y Asier Esnal, directores generales de Hacienda y Finanzas y Presupuestos en la legislatura de Txabarri, y el diputado foral del departamento para Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, son responsables políticos por archivar en 2005 la auditoría que destapó el fraude. En esta línea, el dictamen considera «políticamente desacertada la defensa y apoyo del archivo de quien fuera diputado general, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri».

Sea cual sea el grado de responsabilidad, las conclusiones de la comisión suponen un fuerte varapalo para el PNV, pero apenas tendrá consecuencias prácticas ya que la mayoría de los altos cargos no sigue ya en la Diputación.

Agujeros en el control

Durante la votación del dictamen en el Pleno de Juntas de ayer, la mayoría de grupos censuró los grandes agujeros que existían en los sistemas de control de la Hacienda foral, y que se acentuaron a partir de 1995 y, sobre todo, de 2000, cuando el departamento se decanta por un control posterior (auditorías) en detrimento del control previo, en este caso de las bajas por insolvencia.

El PNV admitió que el supuesto fraude ocurrió «cuando teníamos la responsabilidad del mando, pero tal y como sucede en la sociedad, el ladrón va por delante de la policía». Pese a ello, los jeltzales, que reconocen que deben hacer «autocrítica», niegan que la ausencia de un control previo a partir de 2000 fuera «un error. Ese control tenía dificultades para ser efectivo debido a la magnitud de trabajo que había en la Hacienda foral».

Por estas y otras razones, el PNV entiende que Víctor Bravo debe asumir su responsabilidad política. «Aunque es cierto que fallaron los mecanismos de control, hay que recalcar la voluntad política de Juan Romero, anterior director de Finanzas y Presupuestos, de mejorar y ampliar estos mecanismos, por lo que no le consideramos responsable político de estas deficiencias», explicó ayer el portavoz jeltzale, Asier Aranbarri. En términos similares, el PNV acepta con muchos matices la responsabilidad del entonces diputado de Hacienda, Antton Marquet, alabando sus logros durante su mandato. «Hay que contextualizar su gestión en una decidida apuesta por la recaudación voluntaria, el 97% de la recaudación, así como en la contención del gasto, manteniendo la deuda a 0».

A Víctor Bravo, en cambio, el PNV apenas le dedicó unas líneas: «coincidimos con la comisión en que pudo extralimitarse en sus funciones tal como recogen las testificales de dos reuniones celebradas en 1993 y 1997». En esas reuniones, según la comisión, Bravo reiteró su solicitud de suprimir el control previo.

Tal y como ya había adelantado este periódico, el PNV también defendió ayer la labor realizada por el equipo de Hacienda de Gonzalez de Txabarri, a quien la comisión le acusa de ser responsable político del archivo de la auditoría. Aranbarri, que recordó que el archivo fue «provisional» hasta que se encontaran nuevos indicios, subrayó que el ex diputado de Hacienda, Juan José Mujika, y su equipo puso el caso en manos de la Fiscalía.

La posición del PNV no convenció al resto de grupos. Sólo EA apoyó a los jeltzales en su defensa de ex diputado general -no así de su equipo-. PSE, PP, EB y Aralar no dudaron, en cambio, en censurar la gestión de Txabarri en el archivo de la auditoría. De hecho, tanto populares como Ezker Batua reclamaron la dimisión o el cese de Txabarri de su actual puesto como presidente de la Autoridad Portuaria de Pasajes. «Solicitar su dimisión es un poco fuerte, ya que su grado de responsabilidad en el caso ha sido menor», contestó el socialista Julio Astudillo, quien fue felicitado por la mayoría de grupos por la calidad de su trabajo al frente de la comisión.

Reproches entre PNV y PP

Las felicitaciones dieron pronto paso al cruce de acusaciones que vivieron los portavoces del PNV y del PP, una batalla dialéctica en toda regla que elevó el tono del Pleno. El portavoz popular, Juan Carlos Cano, que cuantificó en 28 «las acciones u omisiones de la Hacienda que han podido facilitar o amparar la comisión de los presuntos delitos», aseguró que en la comisión han quedado algunas cuestiones sin respuesta, como la posibilidad de que el caso de Irun esté dentro de «un capítulo de financiación ilegal» del PNV o si existió «protección mafiosa» por parte del Víctor Bravo a su hermano. Los populares, que denunciaron la «voluntad política de ocultación» y la «decadencia del régimen nacionalista», también propusieron el envío del informe de la comisión a la Fiscalía.

La respuesta del PNV no se hizo esperar: «nos encontramos ante una clara intencionalidad política de desprestigiar al PNV en periodo electoral, cuando de las conclusiones de la comisión se desprende claramente que no estamos ante ninguna trama del PNV». Aranbarri acusó al portavoz popular de «difamar y calumniar» al PNV. «Si tiene alguna prueba contra la formación jeltzale tiene abierta la puerta del juzgado», le espetó.

La votación de ayer da por cerrada la puerta de la vía política. Mientras, la investigación judicial sigue su curso.